La crisis interna de la Fiscalía General de la República se ha hecho más evidente tras los FGR recortes y rezago que marcaron el cierre de la gestión de Alejandro Gertz Manero. Su renuncia ocurre en medio de cuestionamientos por falta de resultados, opacidad y una carga histórica de expedientes sin resolver.
Aunque la institución presumía avances en la reducción del atraso, la realidad es que los números no se reflejaron en justicia efectiva para las víctimas ni en el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia en México.
Desde su llegada en 2019, Gertz heredó 180 mil carpetas rezagadas. La Fiscalía aseguró haber eliminado hasta 99% del atraso para julio de 2022, pero esta cifra nunca fue verificable y dejó más dudas que certezas. Lejos de consolidarse como una institución eficiente, los FGR recortes y rezago continuaron acumulándose, especialmente en casos emblemáticos que siguen sin resolverse y que afectan la credibilidad pública del organismo.
Durante 2024, la dependencia dejó pendientes más de 36 mil carpetas de investigación, sin que se precise cuántas fueron desestimadas, cuántas se perdieron en tribunales ni cuántas corresponden a años anteriores. Para especialistas como Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara, la aparente reducción estadística no representó avance sustantivo. Señala que los expedientes más sensibles permanecieron sin solución: desde feminicidios y desapariciones hasta delitos relacionados con el crimen organizado.
A los problemas en la FGR se suma la falta de resultados en investigaciones que marcaron la agenda pública nacional. Entre ellas, los casos Odebrecht y Emilio Lozoya, Segalmex, la Estafa Maestra, Ayotzinapa, el asesinato de Melesio Cuén y el huachicol fiscal. También destacan las indagatorias estancadas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. En todos ellos, la constante ha sido la falta de transparencia, ausencia de sentencias y una percepción generalizada de parálisis institucional.
Pero el rezago en la FGR no es el único problema: la Fiscalía enfrenta una crisis estructural de impunidad. Menos del 1% de los delitos investigados obtiene una resolución favorable para las víctimas. Además, la gestión de Gertz Manero fue señalada por presunto uso político de la institución y por opacidad en su patrimonio. El caso de Alejandra Cuevas, encarcelada por más de un año hasta que la Suprema Corte intervino, se convirtió en un símbolo de los excesos y abusos de poder que golpearon la credibilidad de la Fiscalía.
Los FGR recortes y el rezago también están vinculados al limitado crecimiento presupuestal. En 2020, la institución recibió 16 mil 702 millones de pesos; para 2025, el monto fue de 20 mil 126 millones. Sin embargo, para 2026 la Cámara de Diputados aplicó un recorte de 933 millones. El impacto es evidente en la operación diaria: de los más de 20 mil trabajadores de la institución, solo 3 mil 531 son agentes del Ministerio Público, un número insuficiente para atender la demanda nacional de investigaciones.
Este panorama en la FGR llega justo cuando Ernestina Godoy asume como fiscal interina. Godoy, quien dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia, aseguró que su gestión se basará en ética, firmeza y justicia. Señaló que su prioridad será fortalecer la estructura de la institución mientras avanza el proceso de designación de la persona titular, aunque diversas versiones apuntan a que ella misma podría ocupar el cargo de manera definitiva. El Senado ya abrió la convocatoria para recibir aspirantes.
FGR recortes y rezago: los retos que recibe Ernestina Godoy
La transición en la FGR ocurre en medio de una exigencia urgente de transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía requiere modernización y mayor transparencia para contribuir a la pacificación del país. Si bien la FGR es autónoma, la mandataria señaló que existen asuntos clave que deben atenderse, como la ejecución de órdenes de aprehensión en investigaciones de delincuencia organizada y delitos de cuello blanco.
También subrayó la importancia de mejorar la eficiencia del Ministerio Público y la coordinación con otras instituciones de seguridad. Para Sheinbaum, la consolidación de la Fiscalía depende de su capacidad para depurar rezagos, fortalecer su estructura interna y recuperar la confianza ciudadana, erosionada por años de denuncias y falta de resultados tangibles.
Uno de los temas más sensibles es el caso Ayotzinapa. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos continúan exigiendo avances y la reincorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), especialmente de Carlos Beristáin y Ángela Buitrago. La presidenta señaló que su gobierno está dispuesto a dialogar y revisar alternativas para fortalecer la investigación, incluso con apoyo de expertos internacionales vinculados a Naciones Unidas.
Sheinbaum recordó que antes hubo desacuerdos respecto a las condiciones planteadas por el GIEI, pero aseguró que buscarán retomar la comunicación para evaluar una posible colaboración. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, será el encargado de establecer contacto con los exintegrantes del grupo para conocer sus términos y definir si es viable integrarlos nuevamente.
El impacto nacional del rezago y las prioridades para 2026
Los FGR recortes y rezago no solo afectan el desempeño interno de la institución; también generan un impacto directo en la seguridad y justicia del país. Con miles de delincuentes sin enfrentar procesos, carpetas inconclusas y casos emblemáticos estancados, la falta de avance limita la confianza ciudadana y obstaculiza la construcción de un sistema de justicia eficaz.
Para el nuevo liderazgo, los retos son monumentales: ajustar recursos, profesionalizar al personal, reducir el rezago real —más allá de cifras administrativas—, garantizar independencia del poder político y fortalecer la capacidad técnica de los agentes del Ministerio Público. Además, será crucial recuperar el prestigio institucional y asegurar que los casos emblemáticos, aquellos que marcaron la agenda nacional, no queden enterrados entre los miles de expedientes pendientes.
Las expectativas sobre la gestión de Ernestina Godoy son altas, y la situación actual obliga a una transformación profunda si se pretende revertir años de rezago, opacidad y falta de resultados. El país demanda respuestas, y el futuro inmediato de la Fiscalía dependerá de su capacidad para reorientar su rumbo, cerrar heridas institucionales y enfrentar con determinación los desafíos que dejó la administración anterior.
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