La desaparición del INAI y de los institutos de transparencia locales es un giro que impactará profundamente en la rendición de cuentas en México. Este cambio redistribuirá las funciones de supervisión y resolución de recursos entre las contralorías municipales, enfrentándolas a retos operativos y legales sin precedentes.
Contralorías municipales, el nuevo eje de la transparencia
Un mandato constitucional ineludible
El artículo 116 fracción VIII de la Constitución establece que las contralorías municipales absorberán las funciones de los institutos de transparencia. Esta disposición, aunque clara en su mandato, carece de un plan de implementación realista, dejando a los municipios con recursos limitados frente a una carga monumental.
Contralorías con capacidades insuficientes
Más del 90% de los municipios mexicanos cuentan con menos de 70 mil habitantes, y sus contralorías rara vez superan los dos empleados. Con estas limitaciones, ¿cómo asumirán la resolución de recursos de revisión, supervisión de portales de transparencia y protección de datos personales?
Judicialización de la transparencia: una espada de Damocles
Riesgos legales para los municipios
La crítica principal a este nuevo esquema es la inevitable judicialización de los procesos de transparencia. Si las contralorías toman decisiones poco fundamentadas, la ciudadanía podría recurrir masivamente al juicio de amparo, sobrecargando el sistema judicial y exponiendo a los funcionarios a sanciones graves, incluidas la separación del cargo y acciones penales por incumplimiento de ejecutorias de amparo.
Costo político y jurídico para los titulares municipales
Los presidentes municipales estarán más expuestos que nunca. Serán responsables finales de garantizar el acceso a la información, una tarea que podría convertirse en un campo minado político y legal.
Desafíos presupuestales y operativos
Ausencia de recursos para implementación
La reforma no prevé apoyo presupuestal para que los municipios puedan absorber estas nuevas funciones. Esto crea un vacío operativo y financiero que podría comprometer la capacidad de las contralorías para cumplir con sus nuevas responsabilidades.
Necesidad de una transición gradual
Será imprescindible un periodo de transitoriedad que permita a los municipios ajustar sus reglamentos y preparar presupuestos adecuados. Sin este espacio, el sistema de transparencia quedará en un limbo, afectando a los ciudadanos.
¿Qué implica para los ciudadanos?
- Acceso más lento y costoso a la información: La falta de infraestructura y personal capacitado en las contralorías alargará los tiempos de respuesta.
- Aumento en la judicialización: Ante la incapacidad de resolver recursos de revisión, los ciudadanos optarán por el juicio de amparo, encareciendo el acceso a la justicia.
- Pérdida de confianza: La percepción de imparcialidad se verá afectada al ser juez y parte las mismas autoridades que controlan la información.
¿Qué sigue para los municipios y el gobierno federal?
Reformas legislativas urgentes
Los congresos locales deben establecer normas claras y viables para que las contralorías asuman sus nuevas funciones. Esto incluye periodos de transición y la dotación de recursos suficientes.
Capacitación y profesionalización
Es imprescindible formar a los empleados de las contralorías en temas de transparencia, acceso a la información y manejo de datos personales, áreas en las que muchas carecen de experiencia.
Supervisión y rendición de cuentas
Aunque la autonomía municipal es clave, debe garantizarse un sistema de auditorías que asegure el cumplimiento de las nuevas responsabilidades sin violar la Constitución.
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