El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en lo que expertos califican como una medida sin precedentes en su alcance, dentro de la estrategia del país vecino para combatir a los cárteles de droga y a sus presuntos aliados en el ámbito gubernamental.
Ex embajadores estadounidenses, como Tony Wayne, señalan que la escala actual de la medida supera cualquier acción similar en administraciones previas, reflejando la disposición de la administración de Donald Trump para utilizar todos los recursos diplomáticos posibles en la lucha antinarcóticos.
Funcionarios mexicanos afectados
La cancelación de visas incluye a más de 50 miembros de Morena, así como a docenas de funcionarios de otros partidos, según fuentes oficiales mexicanas cita Reuters. Solo cuatro afectados han confirmado públicamente la revocación, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó cualquier vínculo con el crimen organizado.
El Departamento de Estado estadounidense ha aclarado que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento por “actividades contrarias al interés nacional”, sin necesidad de ofrecer justificación formal, lo que ha generado preocupación y especulación entre la clase política mexicana.
Impacto en la cooperación bilateral
Analistas advierten que la medida podría complicar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, a pesar de la cooperación en seguridad y combate al narcotráfico. La exembajadora Roberta Jacobson señaló que previamente la revocación de visas se limitaba a casos con investigaciones criminales o condenas.
Por su parte, John Feeley advirtió que la acción masiva podría generar un “efecto bumerán”, donde el gobierno mexicano perciba un alto costo político al colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad y comercio.
Esta ola de revocaciones se enmarca en un contexto de estrategia de alta presión, que incluye la designación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas y el uso de inteligencia de agencias como la DEA para influir en el estatus migratorio de funcionarios mexicanos.
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