A diferencia de otras entidades, Querétaro no implementará la Ley Seca durante la jornada de elección judicial del próximo domingo 1 de junio, según confirmó este miércoles la Secretaría de Gobierno estatal, apelando a la responsabilidad de la ciudadanía y los establecimientos.
Anuncio oficial de la Secretaría de Gobierno de Querétaro
El estado de Querétaro ha tomado una postura distintiva de cara a la inédita elección de integrantes del Poder Judicial que se celebrará el próximo domingo 1 de junio de 2025. Este miércoles 28 de mayo, el titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) de la entidad, Carlos Alcaraz Gutiérrez, anunció oficialmente que no se implementará la «Ley Seca» en el territorio queretano durante dicha jornada electoral.
La principal argumentación para esta decisión, según explicó el funcionario, radica en la ausencia de una disposición o mandato federal específico que obligue a los estados a restringir la venta de bebidas alcohólicas para este particular tipo de proceso electoral. Alcaraz Gutiérrez recordó que una medida similar se adoptó en Querétaro durante las elecciones de junio de 2024, donde tampoco se aplicó esta prohibición.
Llamado a la responsabilidad y vigilancia
A pesar de no imponer una prohibición generalizada, la Secretaría de Gobierno de Querétaro hizo un enfático llamado a la responsabilidad tanto de la ciudadanía como de los propietarios y encargados de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas. Se exhortó a todos los actores a actuar con prudencia y civismo para asegurar que la jornada electoral transcurra en un ambiente de orden y tranquilidad.
Carlos Alcaraz Gutiérrez subrayó que, si bien no habrá Ley Seca, las autoridades estatales y municipales se mantendrán vigilantes para asegurar el estricto cumplimiento de las normativas ya existentes en cuanto a horarios permitidos para la venta de alcohol y los formatos en los que esta puede realizarse. El objetivo es que la no aplicación de la Ley Seca no se traduzca en desorden o incidentes que puedan empañar el proceso electoral.
Contraste con otras entidades federativas
La decisión de Querétaro de no implementar la Ley Seca para la elección judicial contrasta con la postura adoptada por un número significativo de otros estados en la República Mexicana. Según la información disponible, al menos 15 entidades federativas han anunciado que sí aplicarán esta medida restrictiva.
Entre los estados que suspenderán la venta de alcohol se encuentran Aguascalientes, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En la mayoría de estos casos, la prohibición estará vigente desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del domingo 1 de junio, con algunas variaciones como en Yucatán, donde la medida podría iniciar desde el sábado 31 de mayo. Esta divergencia de criterios evidencia la autonomía de las entidades federativas para tomar decisiones complementarias en la organización de los comicios, cuando no existe una directriz federal unificada para situaciones específicas como esta elección.
Una elección inédita y el debate sobre la Ley Seca
Es fundamental recordar que la elección del 1 de junio de 2025 para renovar cargos en el Poder Judicial de la Federación y en poderes judiciales locales de 19 estados es un proceso sin precedentes en la historia de México. Por lo tanto, no existen antecedentes directos que permitan prever con certeza cómo este tipo particular de elección podría verse afectado por factores como el consumo de alcohol.
La postura de Querétaro, al optar por no imponer la Ley Seca, se basa en una confianza en la madurez cívica de sus ciudadanos y en la capacidad de autorregulación de la sociedad. Este enfoque contrasta con la visión más precautoria o tradicional que sustenta la prohibición en otras entidades, donde se busca minimizar cualquier riesgo potencial asociado al consumo de alcohol durante una jornada electoral.
¿Qué implica la Elección Judicial del 1 de junio?
La elección del 1 de junio permitirá a la ciudadanía elegir directamente, por primera vez, a 881 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, así como a 1,800 cargos judiciales locales en 19 estados. Este ejercicio democrático busca, según sus promotores, una mayor legitimidad y cercanía de los impartidores de justicia con la sociedad. La participación informada y responsable de los electores es crucial para el éxito de este nuevo modelo.
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