El Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta una crisis interna que pone en duda su compromiso con la justicia y la transparencia. Denuncias por acoso laboral y sexual se acumulan en sus filas, afectando no solo a sus trabajadores, sino también la confianza pública en una institución clave para la democracia mexicana.
Y es que hasta octubre de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había recibido 42 quejas por hostigamiento y acoso sexual, esto según datos obtenidos por El Universal. Y esta cifra representa solo la punta del iceberg, ya que muchos casos quedan sin denunciar debido al temor a represalias y la falta de confianza en los procesos internos.
Acoso laboral y sexual: casos que exigen justicia
Un caso reciente involucra a un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señalado por hostigamiento laboral y sexual. Según una denuncia presentada por una trabajadora al Comité de Ética del CJF, el magistrado utilizaba su posición para realizar viajes en primera clase con cargo al erario, durante los cuales presionaba a sus subordinadas a convivencias no consentidas.
La denuncia documenta múltiples víctimas, nombres y fechas específicas, lo que subraya la gravedad del caso. Sin embargo, hasta ahora, no se han tomado acciones concretas contra el acusado, quien sigue desempeñándose en su cargo con total impunidad.
Un sistema ineficaz para sancionar a los responsables
El problema no es nuevo. Según investigaciones de Quinto Elemento Lab, en 24 años el PJF ha fallado sistemáticamente en castigar a jueces y magistrados implicados en faltas disciplinarias graves, como acoso laboral y enriquecimiento ilícito.
Esta ineficiencia también afecta los órganos cupulares, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el TEPJF, donde no existen mecanismos internos efectivos para investigar y sancionar a los altos mandos involucrados en conductas acosadoras.
Un caso emblemático de abuso y homofobia
Otro caso notable es el de Erick Iván Núñez Carrillo, un trabajador del TEPJF que fue falsamente acusado de tráfico de influencias por una secretaria ascendida tras presentar la denuncia. La Fiscalía General de la República (FGR) finalmente determinó que las acusaciones eran infundadas y señaló posibles irregularidades por parte de la denunciante.
A pesar de ello, la secretaria fue promovida nuevamente, pasando de ganar 36 mil pesos mensuales a más de 90 mil en menos de dos años. Este caso no solo expone las fallas administrativas, sino también prácticas discriminatorias, ya que Núñez denunció que fue víctima de homofobia durante el proceso.
¿Qué necesita el Poder Judicial para erradicar el acoso?
La solución pasa por implementar cambios estructurales en el PJF:
- Mecanismos de denuncia efectivos: Crear sistemas independientes para proteger a las víctimas y garantizar procesos imparciales.
- Sanciones claras y públicas: Los casos de abuso deben resolverse con transparencia, incluyendo la remoción de los responsables.
- Capacitación obligatoria: Promover una cultura de respeto en todos los niveles del Poder Judicial.
- Supervisión externa: Incorporar organismos ciudadanos para auditar y supervisar la actuación de jueces y magistrados.
Un problema que afecta a todo México
El acoso laboral y sexual en el PJF no es solo un problema interno; refleja una crisis institucional que socava la credibilidad de uno de los poderes fundamentales del Estado. Sin controles claros y sanciones efectivas, los abusos seguirán perpetuándose, afectando tanto a trabajadores como a la confianza ciudadana.La sociedad debe exigir reformas profundas para garantizar que el Poder Judicial cumpla su misión de impartir justicia, empezando por limpiar su propia casa.
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