Diputados aprueban reforma para combatir la extorsión en México
La historia de esta reforma inicia con un debate de casi cuatro horas en la Cámara de Diputados, donde, por primera vez en mucho tiempo, todas las bancadas dejaron de lado las diferencias políticas y votaron en unanimidad. Con 474 votos a favor, se aprobó modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a elaborar una Ley General contra la Extorsión. El dictamen se enviará al Senado para su revisión, pero ya representa un paso trascendental en la lucha contra uno de los delitos que más afecta a la población mexicana.
Extorsión en México: un delito que crece cada día
La extorsión se ha convertido en una amenaza constante para comerciantes, ciudadanos y gobiernos municipales. Según datos presentados en el debate, en 2018 se registraban en promedio 19 casos diarios, mientras que en enero de este año la cifra subió a 29, lo que significa un crecimiento del 58 por ciento en tan solo seis años. Este delito se presenta principalmente en dos modalidades: el cobro de piso, de manera presencial, y las llamadas telefónicas con amenazas, muchas realizadas desde centros penitenciarios. Ambas prácticas han puesto en jaque la seguridad y estabilidad económica de miles de familias.
El costo económico y social de la extorsión
Más allá de las cifras de carpetas de investigación, la extorsión genera un impacto devastador en la economía. Tan solo en el primer semestre del año, se reportaron 6 mil 880 víctimas, el número más alto en seis años. El daño financiero estimado supera los 26 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 71 millones de pesos diarios que terminan en manos de grupos criminales. Estos ingresos ilícitos no solo debilitan a los negocios, sino que alimentan estructuras delictivas que afectan directamente al tejido social del país.
La urgencia de una Ley General contra la Extorsión
La iniciativa presidencial, respaldada por todos los partidos, busca que el delito se persiga de oficio, sin necesidad de que la víctima presente denuncia. Esto es clave, pues muchas personas, por miedo a represalias, nunca denuncian. Además, la ley homologará las penas a nivel nacional, ya que actualmente los castigos varían de un estado a otro. Con este marco jurídico se pretende frenar un delito que, de acuerdo con cifras recientes, alcanzó los 4.9 millones de casos en 2024, con una tasa de más de 5 mil por cada 100 mil habitantes.
Los retos para que la ley funcione
Aunque la reforma fue celebrada, las bancadas también advirtieron que de nada servirá si no se dota a la ley de presupuesto y mecanismos eficaces de aplicación. El priísta César Alejandro Domínguez enfatizó que no debe quedarse en una “reforma simbólica”, mientras que legisladores del PAN señalaron que el delito se concentra en estados como México, Veracruz y Nuevo León, por lo que es urgente que no se reduzcan recursos en seguridad. De hecho, alertaron que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 prevé una reducción de más de 10 mil millones de pesos en el área de seguridad, lo cual sería un contrasentido frente a la magnitud del problema.
Un paso histórico, pero no definitivo
La unanimidad en la votación demuestra la gravedad del fenómeno de la extorsión. No obstante, expertos y legisladores coinciden en que el éxito dependerá de la implementación real de la Ley General contra la Extorsión, la capacitación de cuerpos policiacos, la coordinación entre niveles de gobierno y la asignación de recursos suficientes. Solo así esta reforma pasará de ser un logro legislativo a un cambio tangible en la vida de millones de mexicanos que hoy viven bajo la amenaza de este delito.
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