El estado de Sinaloa está envuelto en una crisis política y social tras el brutal asesinato de los niños Gael y Alexander, de 12 y 9 años, junto con su padre, Antonio. El crimen ha generado una ola de indignación que ha tomado las calles en forma de protestas masivas exigiendo justicia y, sobre todo, la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya.
Ante la presión ciudadana, el mandatario morenista aseguró que “el pueblo pone y el pueblo quita”, sugiriendo que la revocación de mandato es el mecanismo legítimo para determinar su permanencia en el cargo. Pero aquí está el problema: no puede aplicarse en su contra.
¿Revocación de mandato? La trampa legal que protege a Rocha Moya
En 2022, el Congreso de Sinaloa aprobó la ley de revocación de mandato, un mecanismo supuestamente impulsado por el propio Rocha Moya para que los ciudadanos pudieran destituir a un gobernador en caso de insatisfacción con su gestión.
Sin embargo, cuando en octubre de 2023 un grupo de ciudadanos intentó activarla contra él, el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa desechó la solicitud. La razón es simple: la ley no es retroactiva, y Rocha Moya nunca incluyó un transitorio que especificara que su gobierno quedaba sujeto a ella.
En otras palabras, el gobernador juega con el discurso de la democracia participativa sabiendo que no hay forma legal de removerlo mediante este mecanismo.
Mentiras y encubrimientos: El caso Héctor Melesio Cuén y el crimen organizado
El historial de declaraciones falsas del gobernador no es nuevo. En 2023, Rocha Moya aseguró que el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén había sido asesinado en un asalto en una gasolinera. Sin embargo, la versión oficial fue desmontada cuando Ismael “El Mayo” Zambada envió una carta a los medios desmintiendo el relato del gobernador.
Según Zambada, Cuén fue asesinado en la hacienda Huertos del Pedregal, en Culiacán, en un encuentro donde también habrían estado presentes Rubén Rocha Moya e Iván Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán.
Esta versión fue posteriormente respaldada por la Fiscalía General de la República, dejando en evidencia que el gobierno estatal intentó encubrir la verdad.
Sinaloa: un estado sumergido en violencia y desapariciones
Mientras el gobernador se deslinda de responsabilidades, la guerra entre Los Chapos, Los Mayos y las fuerzas de seguridad sigue cobrando vidas. Hasta ahora, se han reportado al menos 656 asesinatos y 454 desapariciones, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores, según organizaciones civiles.
Las familias de las víctimas exigen respuestas y acciones concretas, pero la administración de Rocha Moya parece más ocupada en desviar la atención que en atender la crisis.
La exigencia ciudadana: Que Rocha Moya cumpla su palabra
Si el gobernador realmente quiere someterse a la voluntad del pueblo, debería enviar al Congreso el transitorio que permita aplicar la revocación de mandato en su contra.
Su negativa solo refuerza la percepción de que su discurso es una farsa y que, más que gobernar, su prioridad es mantenerse en el poder a toda costa.
La pregunta sigue en el aire: ¿por cuánto tiempo más los ciudadanos de Sinaloa tolerarán este engaño?
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