La reforma al Poder Judicial presentada como un esfuerzo para democratizar el sistema judicial en México, ha generado una tormenta institucional que pone en peligro la independencia judicial y la confianza ciudadana en la justicia. Recientes suspensiones emitidas por jueces de distrito en Michoacán y Jalisco han desatado un enfrentamiento entre poderes que refleja las fracturas del sistema.
A pesar de las buenas intenciones detrás de estas medidas judiciales, el cumplimiento desigual de las suspensiones evidencia un problema profundo: los comités de los poderes Ejecutivo y Legislativo han desafiado las órdenes de detener el proceso electoral judicial, mientras que el Comité del Poder Judicial decidió acatarlas. Este panorama, además de crear incertidumbre, socava el principio de igualdad ante la ley.
La reforma judicial: ¿democracia o politización?
La reforma propone que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante votación popular, una medida que, según sus impulsores, busca acercar la justicia al pueblo. Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada por politizar el sistema judicial, debilitando la carrera judicial y la estabilidad institucional.
El cambio también exige estrictos requisitos para los equipos de los jueces, pero paradójicamente deja desprotegida la independencia de los propios juzgadores, quienes quedarían sujetos a las dinámicas políticas de las campañas.
Suspensiones judiciales: una solución que genera más preguntas
Los jueces que emitieron las recientes suspensiones lo hicieron con diversos propósitos:
- Garantizar la no afectación a la carrera judicial.
- Ordenar al INE detener los procesos electorales relacionados con la reforma.
- Suspender las actividades de los Comités de Evaluación de los tres poderes.
Sin embargo, el cumplimiento parcial de estas suspensiones ha generado una fragmentación institucional preocupante. Mientras el Comité del Poder Judicial acató la orden, los comités del Ejecutivo y Legislativo decidieron continuar con el proceso, dejando fuera importantes candidaturas y exponiendo el sistema a una posible inconstitucionalidad.
Desacatos y tensiones entre poderes
La negativa de los otros poderes a acatar las suspensiones no solo expone un desacato judicial, sino que también plantea un desafío directo al Estado de derecho. Esta situación alimenta una narrativa de confrontación entre poderes que debilita la credibilidad de las instituciones y mina la confianza pública en la democracia.
¿Qué está en juego?
El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de supervisar a los jueces, también se encuentra en una encrucijada, tras la presentación de un recurso de queja que fue rechazado por carecer de legitimidad. Este hecho subraya las tensiones internas del Poder Judicial en un momento crítico para su estabilidad.
La reforma judicial ha llevado al sistema a un punto de quiebre. La ciudadanía, principal afectada por la incertidumbre institucional, enfrenta un panorama donde el acceso a la justicia se ve comprometido. Además, la percepción de que las decisiones judiciales pueden ser ignoradas por conveniencia política refuerza la desconfianza en las instituciones democráticas.
Un llamado a la integridad judicial
El ministro González Alcántara Carrancá hizo un llamado a la auto contención judicial como un mecanismo para proteger la constitución y preservar la credibilidad del Poder Judicial. Sin embargo, este ideal solo puede materializarse si todas las instituciones respetan el marco legal y trabajan en conjunto para garantizar la justicia.
El futuro de la reforma judicial depende de la capacidad de los actores políticos y judiciales para priorizar el interés público sobre las rivalidades de poder. La ciudadanía necesita un sistema que funcione para ella, no un escenario de confrontaciones que solo perpetúan la desigualdad y la impunidad.
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