Durante 25 años de ejercicio profesional como abogado, he sido testigo de cómo el Poder Judicial ha ido perdiendo legitimidad. En este tiempo, he visto procesos judiciales amañados, sentencias vendidas al mejor postor y una creciente indiferencia hacia la justicia real. Sin embargo, nunca había vivido un momento en el que la corrupción y el nepotismo fueran tan descarados como ahora.
El sistema judicial, que debería ser el garante del Estado de derecho y la última instancia de justicia, se ha convertido en una red de intereses políticos y económicos donde las resoluciones parecen responder más a la conveniencia de ciertos grupos que a la aplicación imparcial de la ley. La crisis es evidente y afecta a todos los niveles de la sociedad. Desde ciudadanos comunes que buscan justicia en un juicio hasta empresarios que enfrentan resoluciones arbitrarias, el problema es sistémico.
Ante este escenario, la reforma judicial que se ha planteado en México ha generado un fuerte debate. Mientras algunos la ven como una amenaza a la independencia judicial, otros la consideran una oportunidad para cambiar un sistema que lleva décadas funcionando de manera opaca y corrupta
Corrupción e impunidad en el sistema judicial
Uno de los principales problemas del Poder Judicial en México es la impunidad que prevalece dentro del mismo sistema. Jueces y magistrados dictan resoluciones sin supervisión efectiva ni mecanismos de rendición de cuentas. Durante décadas, se ha hablado de la venta de sentencias, el tráfico de influencias y la colusión entre jueces y grupos de poder. Casos emblemáticos de corrupción han salido a la luz, pero rara vez se han tomado medidas efectivas para erradicar estas prácticas.
La falta de transparencia en la designación de jueces y magistrados es otro de los puntos críticos. Aunque en teoría el nombramiento de estos funcionarios se basa en méritos y experiencia, en la práctica responde a cuotas de poder, nepotismo y acuerdos políticos. La justicia en México se ha convertido en un sistema cerrado donde los jueces responden más a los intereses de quienes los designan que a la ciudadanía.
En este contexto, la confianza en la justicia se ha erosionado. Para muchas personas, acudir a los tribunales es un proceso desgastante donde el acceso a una resolución justa depende más de la capacidad económica que de la solidez de los argumentos legales.
¿Es la reforma judicial la solución o solo un primer paso?
La reforma judicial que se ha planteado busca cambiar la forma en que se eligen jueces y magistrados, permitiendo que sean los ciudadanos quienes los elijan mediante voto. Esta propuesta ha sido duramente criticada por quienes argumentan que podría politizar aún más el sistema judicial, poniendo en riesgo su independencia.
Sin embargo, lo que muchos parecen ignorar es que el sistema actual ya está politizado y controlado por intereses privados. La diferencia es que ahora el proceso de designación se hace de manera opaca, dentro de círculos cerrados de poder, y sin la participación ciudadana.
No se trata de defender una reforma que, sin duda, tiene áreas de oportunidad y riesgos. Pero tampoco se puede seguir defendiendo un sistema que ha demostrado ser ineficaz. Si los jueces actuales, con toda su experiencia y conocimientos, han permitido que el Poder Judicial se corrompa hasta el punto en que se encuentra, ¿qué se pierde al intentar un cambio?
El peligro de no hacer nada
Si el sistema judicial en México no cambia, la situación solo empeorará. La falta de confianza en las instituciones genera un clima de impunidad donde la ley deja de ser un freno para la delincuencia y la corrupción. Los ciudadanos seguirán sin acceso real a la justicia, los empresarios continuarán enfrentando arbitrariedades, y la corrupción dentro del Poder Judicial seguirá siendo un obstáculo para el desarrollo del país.
La pregunta no es si la reforma judicial es perfecta o no, sino si es preferible mantener el statu quo. La realidad es que el Poder Judicial necesita una transformación profunda que garantice independencia, transparencia y sanciones reales contra jueces corruptos.
¿Qué sigue para la justicia en México?
Más allá de la elección de jueces por voto, el sistema judicial requiere mecanismos de rendición de cuentas efectivos, mayor participación ciudadana en su vigilancia y un esquema de supervisión que impida que los mismos vicios de hoy se repliquen en el futuro. Sin una reforma estructural que aborde estos problemas, cualquier cambio será insuficiente.
La justicia en México no puede seguir siendo un privilegio reservado para quienes tienen poder e influencia. Es momento de discutir cómo lograr una transformación real del sistema judicial y exigir que la reforma no sea solo un cambio superficial, sino el inicio de una verdadera revolución en la impartición de justicia.
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