El Congreso de Morelos se prepara para debatir en el pleno el dictamen sobre la despenalización del aborto, un tema que ha generado amplio debate político y social en el estado. La decisión se enmarca en la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que instruyó al gobierno estatal encabezado por la morenista Margarita González Saravia a realizar acciones tendientes a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.
El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Isaac Pimentel Mejía, informó que la iniciativa será discutida en este periodo legislativo, aunque aclaró que cada legislador votará en libertad, ya sea a favor o en contra, según sus convicciones.
El camino del dictamen en el Congreso
Desde junio pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación aprobó por mayoría la derogación de los artículos del Código Penal de Morelos que criminalizan a las mujeres por la interrupción del embarazo. Sin embargo, el dictamen quedó detenido en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a la espera de que los coordinadores parlamentarios definieran cuándo llevarlo a discusión en el pleno.
El diputado Pimentel Mejía recalcó que la 56 legislatura no puede evadir esta responsabilidad:
“Si hay un periodo en el que tenemos que sacar dicho dictamen, tiene que ser en este. Seremos respetuosos de cada posición, pero el Legislativo no puede quedar al margen de su deber de legislar”, señaló.
Actualmente, el Congreso de Morelos está integrado por 20 diputados: 10 de Morena, cuatro del PAN, dos del PT, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PVEM, uno de PANAL y uno del PRI. Aunque Morena cuenta con mayoría, Pimentel aclaró que no habrá línea de partido: “Los diputados de la fracción de Morena son independientes y expresarán su voto en libertad”.
La presión de la SCJN y los colectivos
El debate legislativo no surge de manera aislada. A principios de este mes, la Campaña Aborto Legal Morelos recordó la resolución de la Suprema Corte, que obliga a la gobernadora y al Congreso local a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Las activistas criticaron que Morelos siga siendo uno de los siete estados en México que aún criminalizan a las mujeres por abortar, a pesar de que el país ya cuenta con fallos judiciales que consideran inconstitucional sancionar esta práctica. “Es incongruente que, con una gobernadora mujer y un Congreso con mayoría de Morena, Morelos se mantenga rezagado en este tema”, señalaron.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), tan solo en 2023 se abrieron 20 carpetas de investigación por aborto, lo que refleja la vigencia de un marco legal que criminaliza a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Debate político y social en Morelos
La discusión sobre la despenalización del aborto en Morelos enfrenta posiciones encontradas. Por un lado, organizaciones feministas y de derechos humanos sostienen que se trata de un tema de salud pública y justicia social, ya que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo suelen recurrir a métodos inseguros cuando no cuentan con acceso legal y seguro.
Por otro lado, sectores conservadores y religiosos se oponen a la reforma, argumentando que la vida debe protegerse desde la concepción. Estos grupos han anunciado que presionarán a los diputados locales para que rechacen el dictamen en el pleno.
Ante este panorama, el presidente de la mesa directiva reiteró que no adelantará su postura personal. “Yo podría hablar en su momento, cuando suba al pleno, pero siempre de manera respetuosa con todos los compañeros”, aseguró Pimentel Mejía.
Un periodo legislativo decisivo
Aunque aún no existe una fecha específica para la votación, el legislador confirmó que el dictamen será abordado en este periodo legislativo de la 56 legislatura. “No hay duda de que va a salir, ¿en qué sentido? no sabemos, pero sí será discutido”, subrayó.
La resolución de la SCJN coloca al Congreso de Morelos en una posición en la que deberá armonizar su legislación con el marco constitucional que protege los derechos reproductivos de las mujeres en México. El resultado de la votación marcará si el estado se suma a las entidades que ya han aprobado la despenalización o si mantiene un marco punitivo.
Un debate que trasciende Morelos
El caso de Morelos refleja una tendencia nacional: mientras en algunos estados se avanza hacia la interrupción legal del embarazo sin criminalización, en otros persisten normas restrictivas que generan desigualdad en el acceso a derechos.
De aprobarse el dictamen, Morelos dejaría de estar entre las entidades que aún sancionan a las mujeres por abortar, y se alinearía con la interpretación constitucional de la SCJN. De lo contrario, el estado podría enfrentar nuevas presiones judiciales y sociales que mantendrán el tema en la agenda pública.
Una decisión con impacto social y jurídico
La discusión en el Congreso de Morelos será más que una votación legislativa: representará un posicionamiento frente a los derechos de las mujeres, la autonomía reproductiva y la igualdad ante la ley.
La despenalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir un embarazo, pero garantiza que quienes lo decidan puedan hacerlo sin ser criminalizadas. Esa diferencia marcará el debate entre la tradición jurídica punitiva y la visión de un estado que reconoce los derechos reproductivos como parte fundamental de la justicia social.
