La despenalización total del aborto en Ciudad de México, una medida que busca eliminar sanciones para quienes interrumpan el embarazo después de las 12 semanas de gestación, enfrenta nuevos obstáculos. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino decidió retirar el dictamen del orden del día, argumentando que aún no hay consenso suficiente para llevar el tema al pleno. Esta decisión, tomada en una sesión de la Conferencia parlamentaria, responde tanto a la falta de apoyo político como a la presión de manifestaciones provida afuera del recinto legislativo.
Una iniciativa que parecía avanzar
El dictamen para despenalizar el aborto fue aprobado en comisiones apenas el lunes pasado. Y es que el documento proponía derogar varios artículos del Código Penal de la Ciudad de México, eliminando las sanciones para quienes interrumpieran un embarazo después de las 12 semanas. Actualmente, esta práctica sigue siendo penada con hasta seis meses de prisión o trabajo comunitario. Entre las reformas principales se encuentran la derogación de los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal, y modificaciones en los artículos 76 y 130 para clarificar que la interrupción sin sanciones sería aplicable, salvo cuando no haya consentimiento de la persona gestante, en cuyo caso sí se mantendrían penas de prisión de entre cinco y ocho años.
Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y diputada por Morena, expresó que la decisión responde a la necesidad de mayor consenso, explicando que «este no es un tema de un partido, sino de todas las mujeres». No obstante, la falta de una fecha para reabrir el debate aumenta la incertidumbre en torno a la iniciativa.
Reacciones ante la postergación
El aplazamiento del dictamen ha desencadenado una ola de reacciones, sobre todo entre colectivos feministas que han liderado la lucha por el derecho a decidir en México. Varias organizaciones planean movilizarse frente al Congreso de la Ciudad de México para exigir la discusión y aprobación de la reforma. En contraste, los grupos provida, encabezados por figuras como la diputada América Rangel del PAN, celebran la decisión, argumentando que existe un “rechazo social” hacia esta medida. Para estos sectores, despenalizar el aborto más allá de las 12 semanas representa una amenaza a los “valores familiares” y a la protección de la vida.
Mientras tanto, se desconoce si el Congreso local convocará a futuros diálogos entre sectores de la sociedad civil y legisladores para alcanzar un consenso. La presión, tanto a favor como en contra, sugiere que el camino hacia la despenalización total del aborto en la capital sigue lleno de desafíos y que el desenlace dependerá de un delicado equilibrio entre la voluntad política y el respaldo social.
Aborto en México: un tema de derechos y salud pública
La situación en Ciudad de México contrasta con los avances de otros estados en materia de derechos reproductivos. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar el aborto, sentando un precedente que abrió la puerta para que entidades como Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Puebla y otras adoptaran reformas que permiten la interrupción legal hasta las 12 semanas de gestación. Estos cambios, impulsados por una creciente demanda de derechos, también han enfrentado la oposición de grupos religiosos y conservadores, quienes consideran el aborto una violación ética y moral.
En otros estados, como Jalisco, Coahuila y Chihuahua, las mujeres pueden acceder a servicios de aborto sin sanciones gracias a resoluciones judiciales, aunque sin una reforma oficial. Estos avances muestran la dirección hacia la que se mueve el país, pero también destacan la profunda polarización en torno al tema.
Un camino en construcción: ¿qué sigue para los derechos reproductivos?
La falta de consenso en el Congreso de la Ciudad de México plantea un dilema para la causa feminista y los derechos reproductivos en el país. Con un creciente número de estados que reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la capital del país enfrenta una situación que podría definir el rumbo del debate a nivel nacional. Las manifestaciones y el activismo de ambos bandos, tanto provida como proaborto, serán clave para moldear el futuro del aborto legal en México.
Para muchas defensoras de los derechos reproductivos, la espera es una barrera para la equidad y la justicia social. En cambio, para los sectores conservadores, la postergación significa una oportunidad para evitar lo que consideran una amenaza a los valores fundamentales de la sociedad mexicana. Por ahora, el tema permanece en la congeladora legislativa, y el Congreso de Ciudad de México enfrenta una presión sin precedentes para finalmente decidir sobre una cuestión que trasciende lo político para tocar los principios más íntimos y complejos de la identidad y valores de la sociedad.
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