La lucha por los derechos reproductivos en México dio un paso histórico el 30 de enero de 2025, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de manera definitiva los artículos 143, 145 y 146 del Código Penal de Chihuahua. Estos artículos, que criminalizaban el aborto, fueron declarados inconstitucionales por unanimidad en un fallo que tiene efectos generales y que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en México.
La batalla legal por el aborto en Chihuahua
La decisión de la SCJN no fue un suceso aislado, sino que forma parte de un proceso legal que comenzó en octubre de 2023, cuando la Primera Sala de la Corte ya había declarado inconstitucionales los mismos artículos tras el amparo de una mujer. El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, explicó que los artículos en cuestión obligaban a las mujeres a ser madres contra su voluntad, atentando contra su bienestar físico, mental y social. Además, agregó que las condiciones en las que se obligaba a las mujeres a interrumpir su embarazo, de ser necesario, no cumplían con los estándares adecuados de seguridad.
Este fallo reafirma que las leyes locales no pueden ser un obstáculo para que las mujeres ejerzan su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. De hecho, el fallo establece que las mujeres y personas gestantes que hayan sido investigadas, procesadas o condenadas por este delito verán sus casos beneficiados por la invalidez de los artículos, lo que representa un avance en términos de justicia y equidad.
Implicaciones del fallo: ¿qué sigue para Chihuahua?
Tras la resolución de la SCJN, el Congreso del estado de Chihuahua tiene un plazo de 90 días para adecuar su marco normativo, adaptando las leyes locales a la nueva realidad jurídica. Este proceso no solo afectará a las mujeres y personas gestantes, sino también a los profesionales de la salud que, en el pasado, pudieron haber sido procesados o condenados por realizar abortos con el consentimiento de la persona gestante.
Este cambio de paradigma tiene un impacto inmediato en el acceso a servicios de aborto en Chihuahua. Al declararse la inconstitucionalidad de los artículos que criminalizaban el aborto, ninguna autoridad en el estado podrá aplicar leyes que impidan o criminalicen la interrupción del embarazo, dando paso a un escenario más accesible y seguro para quienes necesiten este servicio.
El rol de la sociedad civil y los movimientos feministas
Diversos colectivos sociales y feministas celebraron con entusiasmo la decisión de la SCJN, destacando que este fallo es un triunfo para los derechos reproductivos en México. Organizaciones como Abortistas Mx, Marea Verde y otras sociedades civiles señalaron en un comunicado conjunto que, gracias a esta resolución, las personas que deseen interrumpir su embarazo ya no estarán sometidas a la criminalización ni a la negación de servicios de aborto. En sus palabras, el fallo «reconoce la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes», lo que representa un paso fundamental para garantizar sus derechos.
Además, esta decisión complementa otras sentencias judiciales previas en Chihuahua, como las emitidas el 27 de mayo de 2024, que obligaban a la Secretaría de Salud del Estado a ofrecer el servicio de aborto voluntario a la población que lo solicitara, sin la necesidad de un juicio de amparo previo. Esta medida de salud pública representa un avance significativo en la mejora del acceso a los servicios médicos y la atención a los derechos reproductivos.
El contexto nacional: otros estados que despenalizan el aborto
La resolución de la SCJN en Chihuahua se da en un contexto donde otros estados de México también han comenzado a despenalizar el aborto. El más reciente en hacerlo fue Nayarit, cuyo Congreso aprobó el 25 de enero de 2025 la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, uniéndose así a la lista de entidades que han avanzado en este tema, como Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Baja California.
Este fenómeno de despenalización del aborto en varios estados refleja una tendencia creciente en México a reconocer los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos fundamentales de las personas gestantes. La resolución de la SCJN es, sin duda, un reflejo de esta evolución y, aunque todavía quedan retos por enfrentar, el país da pasos firmes hacia una mayor equidad y justicia en la atención a los derechos reproductivos.
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