El Gobierno de México presentará una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, con la que se impondrán penas de seis a quince años de prisión y multas de entre 11 mil y 56 mil pesos a quienes cometan este delito.
Así lo informó Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Unificación de criterios en todo el país
Godoy explicó que esta nueva legislación busca unificar los criterios legales a nivel nacional para el combate a la extorsión y que el delito sea perseguido de oficio, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia.
La propuesta incluye un tipo penal básico y diversas agravantes que aumentarán las penas en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o si el delito se comete desde centros penitenciarios.
Estrategia nacional y reformas legales
El proyecto también eleva a rango de ley la estrategia nacional contra la extorsión, actualmente operada a través de la línea de denuncia 089, y propone reformas a distintos ordenamientos, como el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Con estas reformas, la extorsión será considerada un delito sujeto a extinción de dominio, lo que permitirá confiscar los bienes relacionados con su comisión.
“Esta iniciativa busca frenar el avance de un fenómeno delictivo que afecta gravemente a la sociedad y fortalecer la coordinación institucional en todo el país”, subrayó Godoy Ramos.
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