Finalizan campañas para elección judicial este 28 de mayo en México, empañadas por «acordeones», presiones y baja claridad. Conoce los detalles del controvertido cierre.
Las campañas para la inédita elección del Poder Judicial en México concluyeron este 28 de mayo en un ambiente de controversia, marcado por denuncias de uso de «acordeones», presiones indebidas, falta de claridad para los votantes y señalamientos sobre la idoneidad de algunos candidatos.
El telón de las campañas para la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación cayó este miércoles 28 de mayo de 2025, dejando tras de sí una estela de acusaciones, incertidumbre y un palpable escepticismo entre diversos sectores de la sociedad. Lo que se promovió como un ejercicio de profundización democrática culmina su fase proselitista en un clima que muchos califican de caótico.
Un Cierre Tumultuoso
Informes y testimonios recogidos en los últimos días de campaña pintan un panorama complejo. Se ha denunciado una «lluvia de acordeones» –apuntes con nombres de candidatos para inducir el voto–, presiones corporativas y gubernamentales dirigidas a orientar el sufragio, así como el acarreo de votantes a actos proselitistas. A esto se suma una percepción generalizada de falta de intervención efectiva por parte de las autoridades electorales para atajar estas prácticas y una escasa claridad informativa hacia los ciudadanos sobre los perfiles y propuestas de los miles de aspirantes.
«Acordeones» y Denuncias ante Fisel
La práctica de distribuir «acordeones» ha sido una de las denuncias más recurrentes, reportándose en al menos diez entidades federativas, con especial énfasis en Nuevo León y la Ciudad de México. Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue estos hechos y deslinde responsabilidades.
La consejera del INE, Claudia Zavala, confirmó esta acción y exhortó a la ciudadanía a no dejarse influenciar por estos instrumentos de coacción, recordando que el voto debe ser libre y razonado. La existencia de estos «acordeones» pone en entredicho la limpieza del proceso y alimenta la narrativa de una elección potencialmente manipulada.
Cuestionamientos a Candidatos y Procesos
La idoneidad de algunos candidatos también ha estado en el centro del debate. Organizaciones de la sociedad civil, como Defensorxs, han alertado sobre al menos 24 candidaturas que consideran «riesgosas», entre las cuales se incluyen cuatro aspirantes con acusaciones formales de violencia familiar o sexual.
Un caso emblemático es el de Luis Castañeda, candidato a juez laboral federal en la Ciudad de México, quien enfrenta al menos 36 denuncias por acoso sexual, dos de ellas de carácter penal, y que incluso fue detenido en 2022 por presunto homicidio culposo. Otro perfil señalado es el de Karina Sánchez Ruiz, candidata a magistrada en Oaxaca, identificada por su cercanía con el líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, actualmente encarcelado en Estados Unidos. La presencia de estos perfiles en las boletas sugiere fallas en los filtros de selección previos, a pesar de la existencia de Comités de Evaluación, los cuales, según algunas críticas, «no revisaron con minuciosidad que cumplieran los requisitos».
Añadiendo a la complejidad, más de 200 jueces y magistrados en funciones que inicialmente se habían postulado como candidatos decidieron renunciar a sus aspiraciones, solicitando una indemnización extraordinaria, lo que evidencia tensiones dentro del propio Poder Judicial. Paralelamente, el INE ha iniciado 63 procesos sancionadores contra diversos candidatos por irregularidades como recibir aportaciones en especie o de entes prohibidos, no reportar ingresos y egresos de campaña, o realizar eventos que benefician a otras candidaturas.
Críticas a la Elección: «Simulación» y Falta de Información
Diversas voces críticas han calificado este proceso electoral como una «simulación». Un organismo que agrupa a jueces federales ha señalado que la elección es una estrategia del partido en el poder, Morena, que defrauda la voluntad popular y los principios democráticos, amenazando la independencia judicial y convirtiendo el Estado de derecho en una ficción.
El Observatorio Nacional de la Elección Judicial, en su último informe, advirtió que los comicios del próximo domingo no contarán con una ciudadanía suficientemente informada. Estiman que un elector que deseara conocer mínimamente los perfiles de los candidatos a cargos judiciales federales (incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral, así como jueces de Distrito) tendría que invertir hasta 18 horas en la tarea. Esta falta de información accesible y digerible dificulta un voto razonado. La organización Fundar también ha señalado que las campañas se ejecutaron con prisas y con una notable falta de filtros rigurosos de idoneidad para los aspirantes. Desde la oposición en la Comisión Permanente del Congreso, se ha llegado a afirmar que la apatía ciudadana observada se debe a una percepción de «fraude» en el proceso.
«La campaña judicial concluye hoy en medio de una lluvia de acordeones, presiones corporativas y gubernamentales, falta de intervención de las autoridades electorales y poca claridad hacia los votantes.» (Síntesis de reportes ).
Postura Presidencial y Veda Electoral
En contraste con las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho un llamado a la ciudadanía a participar masivamente en la elección del 1 de junio, calificando de «absurdos» los argumentos de quienes convocan a no votar. Aseguró que será el pueblo quien decida y que se desplegará a la Guardia Nacional de manera preventiva, especialmente en Durango y Veracruz.
Con el cierre de campañas este 28 de mayo, a partir del primer segundo del jueves 29 de mayo inicia formalmente el periodo de veda electoral, que se extenderá hasta el cierre de las casillas el domingo 1 de junio. Durante estos días, queda estrictamente prohibida toda propaganda electoral, actos de campaña y la difusión de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones que pueden incluir multas y prisión.
El proceso, promovido como un ejercicio de «democratización» de la justicia, enfrenta ahora el escrutinio de una jornada electoral que se anticipa compleja y cuya legitimidad podría depender de la capacidad de las autoridades para garantizar una votación libre de las irregularidades que han manchado el cierre de las campañas. Las denuncias de presiones e intromisiones sugieren un riesgo de que el Poder Judicial electo pueda verse comprometido por intereses ajenos a la impartición de justicia.
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