El Congreso de la Ciudad de México aprobó este 28 de mayo de 2025 un conjunto de reformas trascendentales a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destacando la tipificación de la violencia transfeminicida, conocida como «Ley Paola Buenrostro», que establece penas de 35 a 70 años de prisión para este delito.
En una sesión considerada histórica, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó este miércoles 28 de mayo de 2025 una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La modificación más destacada es la tipificación del delito de transfeminicidio, una demanda largamente impulsada por activistas y la comunidad trans, que ahora se conocerá como la «Ley Paola Buenrostro».
Con 56 votos a favor, los legisladores capitalinos dieron luz verde a esta reforma que busca visibilizar, prevenir y sancionar de manera específica la violencia extrema ejercida contra las mujeres trans por razón de su identidad de género.
«Ley Paola Buenrostro»: Un Hito contra la Violencia Transfeminicida
La «Ley Paola Buenrostro» establece penas severas para quienes cometan el delito de transfeminicidio, que irán de los 35 a los 70 años de prisión. Esta medida legislativa responde a la alarmante realidad de violencia que enfrenta esta población. Según datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), entre 2007 y 2022 se registraron 590 asesinatos de personas trans en México. Solo en 2024, la cifra superó los 60 casos, de los cuales 12 ocurrieron en la Ciudad de México. La tipificación de este delito no solo busca una sanción penal adecuada, sino también un reconocimiento legal de una forma de violencia específica que, hasta ahora, a menudo quedaba invisibilizada o diluida en otras figuras delictivas.
Ampliación de Tipos de Violencia Reconocidos
Más allá del transfeminicidio, las reformas aprobadas por el Congreso capitalino amplían el catálogo de violencias reconocidas y sancionadas por la ley, buscando ofrecer una protección más integral. Entre las modificaciones y adiciones a los artículos 6 y 7 de la Ley de Acceso se encuentran :
* Violencia Psicoemocional: Se incorpora el término «culpabilizar» para reconocer las alteraciones cognitivas que sufren las víctimas cuando se les responsabiliza de la violencia ejercida en su contra.
* Violencia Patrimonial y Económica: Se refuerzan las definiciones y alcances.
* Violencia Sexual: Se tipifican explícitamente la tortura sexual y las prácticas sexuales no consensuadas.
* Violencia Obstétrica: Se actualiza la terminología para incluir a «personas gestantes» y «personas de la diversidad sexo-genérica», reconociendo la diversidad de quienes pueden sufrir este tipo de violencia.
* Violencia Laboral: Se añaden como formas de violencia el acoso y el «gaslighting» (manipulación psicológica que lleva a la víctima a dudar de su propia percepción o cordura).
* Violencia Digital: Se aborda la violencia ejercida a través de medios digitales, incluyendo sanciones para quienes utilicen Inteligencia Artificial con el fin de dañar o violentar a las mujeres o personas de la diversidad sexual.
Estas reformas reflejan una comprensión más amplia y actualizada de las múltiples manifestaciones de la violencia de género, adaptando el marco legal a las nuevas realidades sociales y tecnológicas.
«Cada mujer tiene el derecho de vivir sin miedo, la violencia limita sus sueños.» – Legisladora Leonor Gómez Otegui.
Voces en el Congreso
La aprobación de estas reformas generó diversas reacciones en el recinto legislativo de Donceles y Allende. La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario de Morena y una de las principales promotoras de la iniciativa, destacó que estas acciones son cruciales para la prevención, atención y para contribuir al cambio social necesario hacia una justicia integral. Enfatizó la importancia de involucrar a la sociedad en esta transformación cultural.
El diputado Temístocles Villanueva Ramos, también de Morena, calificó la aprobación como un «acto de justicia histórica» en atención a la comunidad trans. Se sumaron a las posturas a favor los legisladores Marisela Zúñiga, Elizabeth Mateos y Javier Ramos.
No obstante, la iniciativa no contó con unanimidad. La diputada América Rangel, del Partido Acción Nacional (PAN), emitió su voto en contra. Se ha señalado que esta legisladora se ha manifestado consistentemente en contra de los derechos de la comunidad LGBTTQ+. Este disenso evidencia la persistente polarización política en torno a los temas de género y diversidad sexual, incluso ante iniciativas que buscan proteger contra la violencia extrema.
Hacia una Justicia Integral
Las modificaciones aprobadas buscan proporcionar un marco legal más claro, robusto y consistente, garantizando que todas las víctimas de violencia de género reciban atención adecuada y puedan acceder efectivamente a una vida libre de violencia. Se considera que «nombrar es sinónimo de crear nuevas realidades», y al tipificar estas violencias, se da un paso fundamental para su erradicación.
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