Un grupo de abogados, liderados por Marisol Rivas, ha lanzado una iniciativa para convocar a una consulta popular sobre la creciente controversia que genera la reforma judicial en México. El objetivo es que la sociedad mexicana decida si la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe realizarse por sufragio directo o mediante un proceso basado en la carrera judicial.
Fue el 18 de noviembre cuando la abogada Marisol Rivas explicó en entrevista con Azucena Uresti en Fórmula Noticias que, aunque se ha recabado un número significativo de firmas, para que esta consulta sea válida ante el Congreso de la Unión y la SCJN, se requieren un total de 2 millones de firmas. Para ello, han activado la aplicación móvil Apoyo Ciudadano, registrada con los logos del Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene como objetivo recolectar las rúbricas de los ciudadanos interesados en apoyar la iniciativa.
La reforma judicial y sus implicaciones
La reforma judicial aprobada por el gobierno mexicano contempla la elección popular directa de los jueces, magistrados y ministros, un proceso que los abogados consideran riesgoso y cuestionable. Según Rivas, el principal argumento para promover la consulta es que los jueces y otros actores clave del sistema judicial deben tener una preparación basada en la carrera judicial, considerando los méritos, la trayectoria y los conocimientos, en lugar de depender de la política y de la elección popular directa.
«¿Está usted de acuerdo que la designación de las y los juzgadores sea por votación popular directa o insaculación, o mediante la designación por carrera judicial, considerando los méritos, conocimientos y trayectoria?«, es la pregunta que se plantea a los ciudadanos en la consulta realizada por los abogados.
La recolección de firmas y el apoyo ciudadano
Hasta el momento, la iniciativa ha logrado recabar al menos 17 mil firmas de apoyo, pero para que la consulta pueda llevarse a cabo, se requiere un mínimo de 2 millones de rúbricas. El plazo límite para presentar estas firmas ante el Congreso es a finales de este mes de noviembre, aunque, si no logran cumplir con este objetivo, tendrán hasta noviembre de 2025 para completar la recolección y realizar la consulta en 2026.
El proceso ha sido marcado por una fuerte campaña de concientización en medios de comunicación y redes sociales, buscando involucrar a la ciudadanía en un tema que afecta directamente a la democracia y la independencia del poder judicial.
El Tribunal Electoral da luz verde a la reforma
En paralelo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó el 18 de noviembre la continuación de la reforma judicial, con una votación de tres a favor y dos en contra. La decisión del Tribunal ha permitido que el proceso de elección de jueces y ministros continúe su curso, con la fecha tentativa para la elección programada para el primer domingo de junio de 2025.
El TEPJF argumentó que es «constitucionalmente inviable» detener el proceso de elección, a pesar de las críticas y la controversia generada por las modificaciones legislativas. En este contexto, la resolución del Tribunal da luz verde para que el Senado y el INE continúen con los preparativos para las elecciones, que se encuentran en una etapa preliminar de recepción de solicitudes y evaluaciones de los candidatos.
La división de opiniones y el futuro del proceso judicial
Aunque la decisión del Tribunal Electoral permite que el proceso avance, no son pocos los que han expresado su desacuerdo con la reforma. El principal cuestionamiento es que la elección de jueces y ministros no debe ser politizada ni dependiente del voto popular, pues este podría socavar la independencia del poder judicial y su capacidad para tomar decisiones objetivas y sin presiones externas.
Los abogados que apoyan la consulta popular consideran que el proceso de selección debe basarse en los méritos, el conocimiento y la trayectoria profesional, en lugar de en la popularidad o el respaldo político.
¿Qué sucederá con la reforma judicial?
El futuro de la reforma judicial en México es incierto, con el debate sobre la elección de jueces y ministros alcanzando un punto crítico. Si bien el Tribunal Electoral ha validado el proceso, el impulso de la consulta popular muestra que una parte importante de la sociedad mexicana sigue cuestionando la reforma. Los próximos meses serán cruciales para determinar si los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir directamente sobre la estructura del poder judicial en el país.
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