Un año decisivo para la Constitución mexicana
El 2024 será recordado como un punto de inflexión en la historia de México. Con la aprobación de 12 reformas constitucionales y otras en proceso, el Congreso de la Unión, bajo la influencia de la administración saliente y la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum, ha modificado profundamente las bases jurídicas y políticas del país.
Pero, ¿estas reformas reflejan un progreso real o una estrategia para concentrar el poder en el Ejecutivo?
La avalancha de reformas: ¿productividad o imposición?
Durante el primer periodo de sesiones de la LXVI Legislatura, se aprobaron 12 de las 18 iniciativas presentadas por el expresidente López Obrador, junto con nuevas propuestas de la presidenta Sheinbaum y la mayoría parlamentaria.
Aunque esto podría parecer un ejemplo de productividad legislativa, lo cierto es que:
- Se ignoraron voces de la oposición.
- Se aprobaron reformas sin un debate plural y democrático.
- La agenda fue unilateralmente controlada por la mayoría oficialista.
Concentración del poder: ¿un riesgo para la democracia?
Un grupo significativo de estas reformas tiene como objetivo la concentración del poder en el Ejecutivo, debilitando contrapesos democráticos clave:
- Reducción de facultades del Poder Judicial:
- La elección popular de jueces podría generar un cuerpo judicial más vulnerable a presiones políticas.
- Se limita la capacidad del Poder Judicial para controlar decisiones del Legislativo y Ejecutivo.
- Militarización y derechos restringidos:
- Confirmación del carácter militar de la Guardia Nacional.
- Ampliación de la prisión preventiva oficiosa, que socava derechos fundamentales.
- Eliminación de órganos autónomos:
- Transparencia, competencia económica y protección de datos regresan a dependencias sujetas a intereses políticos.
- La supervisión de sectores clave como energía y telecomunicaciones queda debilitada.
Estas reformas representan un retroceso en términos de derechos y libertades ciudadanas, colocando al Estado en una posición de poder centralizado y menos accountable.
Avances en derechos sociales: un balance necesario
No todo en estas reformas es negativo. Algunos cambios constitucionales abordan temas críticos en derechos sociales y protección a grupos vulnerables:
- Fortalecimiento de los derechos indígenas: Reconocimiento y protección de las comunidades originarias.
- Igualdad sustantiva: Nuevas medidas para garantizar la equidad de género.
- Acceso a la vivienda: Garantías para trabajadores y apoyo económico a sectores sociales marginados.
Sin embargo, estos avances palidecen frente al impacto estructural negativo de las reformas orientadas a la concentración del poder.
¿Qué significan estas reformas para el futuro de México?
La nueva configuración constitucional crea un panorama preocupante:
- Mayor control del Ejecutivo: Los contrapesos democráticos están debilitados, y los órganos autónomos pierden independencia.
- Polarización política: La falta de consensos refleja una agenda legislativa que prioriza el poder sobre la pluralidad.
- Regresión autoritaria: Se consolida un marco jurídico que podría facilitar prácticas antidemocráticas.
Aunque las reformas sociales son un paso adelante, el costo institucional es alto, y el equilibrio del poder en México enfrenta su mayor desafío en décadas.
¿Avance o regresión?
El 2024 cierra con una Constitución transformada, pero ¿a qué costo? Si bien algunos avances sociales son innegables, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la concentración del poder generan un grave riesgo para la democracia mexicana.
El 2025 será un año crucial, donde los efectos de estas reformas comenzarán a manifestarse. La sociedad civil deberá mantenerse vigilante para garantizar que el nuevo marco constitucional no se convierta en un vehículo para consolidar un poder autoritario.
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