El invierno político en Corea del Sur no ha terminado. Lo que comenzó como un intento desesperado por aferrarse al poder ha desembocado en una tormenta judicial sin precedentes. El ex presidente Yoon Suk-yeol fue imputado este jueves por abuso de poder tras ordenar, en diciembre de 2024, la imposición de la ley marcial. Esta nueva acusación complica su ya delicado panorama legal, marcado por un juicio en curso por insurrección.
El día que Yoon intentó frenar la democracia
Todo ocurrió el 3 de diciembre de 2024. En un acto que pasará a la historia como uno de los más oscuros de la democracia surcoreana, Yoon ordenó el despliegue de tropas en el Parlamento. Su objetivo: impedir que los legisladores votaran una moción para revocar la ley marcial que él mismo había impuesto bajo el pretexto de una «crisis institucional«.
Varios diputados fueron bloqueados o incluso retenidos sin orden judicial. Sin embargo, la oposición no se rindió. Algunos treparon las rejas del edificio legislativo para ingresar por la fuerza y realizar la votación. La ley fue derogada en cuestión de horas.
De presidente a ciudadano común
El 4 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional ratificó su destitución. Yoon, de 64 años, se convirtió en el segundo presidente surcoreano en ser removido por este mecanismo legal, tras Park Geun-hye en 2017. Perdió su inmunidad y sus privilegios, y fue desalojado de la residencia oficial.
La Fiscalía había logrado imputarlo por insurrección mientras aún estaba en funciones, ya que este delito no está cubierto por la inmunidad constitucional. Hoy enfrenta un escenario aún más grave: de ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua o incluso pena de muerte, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria desde 1997.
Más acusaciones, más escándalos
La nueva imputación por abuso de poder no es la única. Esta semana, las autoridades allanaron su residencia privada en Seúl como parte de una investigación por sobornos y tráfico de influencias. El foco está ahora sobre su esposa, Kim Keon Hee, y un chamán cercano a la familia, quien habría recibido regalos y beneficios a cambio de favores.
Un país en transición
Mientras el juicio avanza, Corea del Sur se prepara para unas elecciones presidenciales anticipadas el 3 de junio. La inestabilidad generada por el intento de Yoon de interrumpir el orden democrático ha sacudido a las instituciones, pero también ha reforzado el mensaje de que nadie está por encima de la ley.
“El país debe mantenerse firme. Esto no es solo sobre un hombre, es sobre proteger nuestra democracia”, declaró un portavoz de la Fiscalía.
Con su legado colapsando, Yoon ahora enfrenta no solo a los tribunales, sino al juicio de la historia.
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