Vigilancia permanente y un clima político cada vez más tenso

Vigilancia digital por parte del Gobierno de Donald Trump a activistas, organizaciones civiles y ciudadanos que critican el operativo migratorio “Catahoula Crunch” en Nueva Orleans, una acción que ha tomado por sorpresa a autoridades locales y ha encendido alarmas sobre vigilancia digital, derechos civiles y transparencia gubernamental.

Registros obtenidos por The Associated Press revelan que agencias estatales y federales monitorean 24/7 redes sociales, foros y publicaciones que expresan rechazo a las redadas o que buscan documentar arrestos. Informes internos señalan que el objetivo es identificar “amenazas” contra agentes, evaluar el “sentimiento público” y seguir la estrategia de ciertos grupos que buscan grabar a funcionarios de ICE y de la Patrulla Fronteriza, o compartir información sobre su localización.

El operativo ha despertado críticas no solo por la vigilancia, sino por la falta de claridad sobre quiénes están siendo arrestados. Aunque el discurso oficial asegura que se trata de “inmigrantes ilegales con antecedentes criminales”, solo un tercio de los 38 detenidos en los primeros días contaba con historial penal. El resto fueron arrestos sin relación con delitos graves, lo que genera dudas sobre las verdaderas prioridades del operativo.

Una estrategia que polariza a la comunidad

La vigilancia digital ha sido interpretada por activistas y legisladores como una amenaza a la libertad de expresión, especialmente en un contexto donde el clima político ya es altamente polarizado. El senador estatal demócrata Royce Duplessis afirmó que el operativo busca “fomentar el miedo y el caos” y alimentar estereotipos sobre inmigrantes.

Los reportes muestran que los analistas rastrean desde transmisiones en vivo y videos en TikTok hasta comentarios en Reddit, donde residentes de Luisiana han compartido ubicaciones de agentes, experiencias personales y advertencias para evitar zonas con fuerte presencia migratoria.

Incluso se describen publicaciones en las que ciudadanos denuncian perfilamiento racial en barrios hispanos. Un informe citó además la difusión de imágenes donde se observan a niños llorando mientras sus padres son arrestados, un contenido que “pesa en el corazón” de algunos seguidores de las redadas, según apuntaron los analistas del centro de fusión estatal.

Coordinación entre agencias y opacidad institucional

Una parte clave de esta operación es la cooperación entre agencias federales y estatales. El Centro de Intercambio de Análisis y Fusión de Luisiana, donde trabajan agentes del FBI, CBP y la policía estatal, funge como el centro neurálgico de la vigilancia digital.

Sin embargo, la falta de comunicación con autoridades locales ha generado tensiones. Funcionarios municipales aseguraron que se enteraron por la prensa de detalles que no les habían sido compartidos directamente, incluyendo cifras preliminares de arrestos y antecedentes criminales.

La policía estatal de Luisiana justificó el monitoreo masivo alegando que busca prevenir agresiones a agentes federales y proteger la propiedad pública. Pero la recopilación de datos incluye herramientas usadas por activistas, como:

• guías para grabar a agentes
• distribuciones de silbatos
• líneas directas para reportar arrestos
• entrenamientos para documentar abusos

El nivel de vigilancia llega incluso a registrar y analizar protestas dentro del Consejo de la Ciudad de Nueva Orleans y otras manifestaciones públicas.

Activistas denuncian intimidación

Para organizaciones comunitarias, lo que el Gobierno llama “seguimiento preventivo” es una forma de intimidación que desincentiva la participación cívica.

Rachel Taber, integrante de Unión Migrante, dijo que no temen al monitoreo: “No estamos haciendo nada ilegal”.
Otro grupo, Indivisible NOLA, señaló que resulta preocupante que las autoridades vean como amenaza a personas que “solo tienen teléfonos y silbatos”.

El conflicto subraya una creciente tensión entre un gobierno que defiende redadas masivas como herramienta de seguridad nacional y comunidades que ven en ellas una agresión política con consecuencias sociales profundas.

Un operativo que podría redefinir la relación entre vigilancia y disidencia

La operación “Catahoula Crunch” pretende alcanzar 5,000 arrestos en dos meses, una escala que convierte a esta redada en una de las iniciativas migratorias más ambiciosas del Gobierno de Trump.

Pero más allá de los números, este episodio podría marcar un precedente sobre hasta qué punto las autoridades federales pueden monitorear a ciudadanos que expresan desacuerdo en redes sociales y cómo se equilibra la seguridad con la libertad de expresión.

Con informes oficiales que registran cada publicación, protesta o imagen viral, la discusión no solo gira en torno a la migración, sino al papel que debe desempeñar el Estado ante la crítica pública y la disidencia política.