El sistema judicial de Bolivia dio un giro significativo al anular la sentencia de diez años de prisión impuesta a la ex presidenta interina Jeanine Áñez, dictada en el año 2022 por su papel en la crisis política de 2019. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) le ordena su puesta en libertad inmediata y deriva el proceso hacia una vía especial, lo que reabre interrogantes sobre el equilibrio entre justicia, política y derechos fundamentales.

De la condena a la anulación

En junio de 2022, Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de prisión tras ser declarada responsable del supuesto “golpe de Estado” que habría permitido su ascenso a la presidencia en noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales en medio de protestas y denuncias de fraude electoral.
Este miércoles, el TSJ comunicó que la sentencia queda anulada por vulneraciones al debido proceso y otros derechos que la acusada conserva.
Durante la comparecencia, el presidente del tribunal, Romer Saucedo, informó que “se ha dispuesto la nulidad de la sentencia” y que, por tanto, procede la libertad “en el día”.

Lo que cambia en los procesos legales

La decisión implica que Añez no seguirá siendo juzgada por la vía penal común por ese caso específico. En su lugar, deberá ser sometida a un juicio de responsabilidades, exclusivo para quienes ocuparon el cargo presidencial, previa autorización del Congreso boliviano.
La revisión extraordinaria de sentencia —mecanismo invocado por la defensa— interpretó que se habían afectado garantías legales, lo que provocó el cambio.

Reacciones y contexto político

La hija de la expresidenta, Carolina Ribera, anunció que Añez podría quedar libre el jueves, a pesar de que se esperaba su excarcelación inmediata. Aseguró que su madre está “muy emocionada” tras casi cinco años de detención.
Por su parte, el senador Branko Marinkovic, de la agrupación Libre, celebró la decisión y la calificó como el “fin de una etapa de abuso”.
Este cambio ocurre en un momento en que el escenario político boliviano se mueve hacia la derecha, con una nueva conformación parlamentaria que podría influir en la vía especial de enjuiciamiento de la ex mandataria.

¿Y los hechos de 2019?

La asunción de Añez en noviembre de 2019 se dio en medio de una fuerte convulsión social que desembocó en enfrentamientos entre manifestantes, policía y ejército, con consecuencias trágicas: informes estiman alrededor de 36 personas fallecidas en distintos puntos del país.
El caso por el que fue condenada en 2022 versaba sobre el supuesto abandono del deber constitucional al asumir la presidencia en un contexto de crisis institucional y vacíos de poder.

¿Qué viene para Añez y para la justicia boliviana?

Con la sentencia anulada, Añez queda en libertad pero su situación legal no está completamente resuelta: el juicio de responsabilidades implicará que el Congreso decida si abre el proceso especial en su contra. Si éste no prospera, podría quedar sin la vía penal que se había seguido originalmente.
Para el sistema judicial, el fallo supone un ajuste importante: reconoce que errores procesales —supuestas vulneraciones de derechos— pueden revertir sentencias firmes, lo que genera un precedente en el país.
Para la sociedad boliviana, la resolución pone en evidencia la estrecha relación entre política y justicia, y los retos que tiene el Estado de derecho en contextos de fuerte polarización.

La anulación de la condena de 10 años contra Jeanine Áñez marca un punto de inflexión en la historia jurídica de Bolivia. Más allá del destino personal de la expresidenta, el fallo refleja cómo los procesos políticos, jurídicos y de derechos se entrelazan en un país cuyos sistemas institucionales han sido puestos a prueba. Mientras la vía legal se reconfigura hacia un juicio de responsabilidades, el impacto del acontecimiento va más allá de los pasillos del tribunal: abre interrogantes sobre la imparcialidad, la protección de derechos y la estabilidad democrática en Bolivia.