Lima, Perú, 28 de mayo de 2025. Denisse Miralles renunció a su cargo como Viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), decisión oficializada hoy, en un contexto de debate por la ley que reduce el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 16% al 14% a partir de 2026.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú enfrenta una nueva turbulencia interna con la renuncia de Denisse Miralles Castillo a su cargo de Viceministra de Economía. La dimisión, aceptada oficialmente este miércoles 28 de mayo de 2025, se produce en un momento de intenso debate nacional sobre la reciente aprobación de una ley que contempla una significativa reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Renuncia en el Viceministerio de Economía
La salida de Miralles del MEF se formalizó mediante la Resolución Suprema N° 018-2025-EF, publicada en el diario oficial El Peruano el martes 27 de mayo, pero con efectos prácticos y conocimiento público extendido en la jornada de hoy. La resolución fue refrendada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el actual ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes. En el documento se agradecen los servicios prestados por Miralles, quien había asumido el viceministerio el pasado 15 de febrero de 2025.
Es relevante destacar que Denisse Miralles, economista con experiencia en el sector público y que previamente lideró la Dirección de Inversiones Descentralizadas en ProInversión Perú, fue designada bajo la gestión del entonces ministro de Economía, José Salardi, quien también dejó su cargo hace menos de dos semanas. Para asegurar la continuidad de las funciones, Erick Lahura Serrano, actual Viceministro de Hacienda, ha sido designado para asumir interinamente el Viceministerio de Economía.
La renuncia de una figura técnica clave como la Viceministra de Economía, en el contexto de una decisión fiscal tan trascendente como la modificación del IGV, podría señalar desacuerdos técnicos internos sobre el impacto y la oportunidad de la medida. Mientras el gobierno busca explícitamente estimular el consumo, existe un riesgo palpable de desfinanciar al Estado si la reducción de ingresos no se compensa adecuadamente, una preocupación mayor en un país con importantes brechas sociales y necesidades de inversión pública.
El Debate por la Reducción del IGV
El Congreso de la República aprobó recientemente un texto sustitutorio que crea la nueva “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)”. Dentro de esta normativa, se incluye una modificación crucial al artículo 17 del Decreto Legislativo 821, que regula el IGV.
La modificación establece que, a partir del año 2026, la tasa del IGV se reducirá del actual 16% al 14%. Esta medida ha generado un amplio espectro de reacciones:
- Argumentos a favor: Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han defendido la reducción del IGV como una herramienta para aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos y, fundamentalmente, para fomentar el consumo interno, lo que podría dinamizar la economía.
- Preocupaciones y dudas: Diversos analistas y sectores han expresado su inquietud sobre el impacto negativo que esta reducción podría tener en los ingresos fiscales del Estado. Se cuestiona si la menor recaudación afectará la capacidad gubernamental para financiar proyectos de infraestructura, servicios públicos esenciales como salud y educación, y programas sociales.
A pesar de estas preocupaciones, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, ha confirmado que el Poder Ejecutivo promulgará la ley aprobada por el Congreso, la cual fue exonerada de una segunda votación en el pleno legislativo. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, también adelantó que la norma sería aprobada «a la mayor brevedad».
«La reducción del IGV promete aliviar la carga tributaria y fomentar el consumo, pero también genera dudas sobre su impacto en los ingresos públicos», señaló un análisis previo sobre la medida.
La decisión de reducir el IGV, a pesar de que las proyecciones de crecimiento económico son positivas pero no espectaculares, podría interpretarse por algunos sectores como una medida con matices populistas orientada a ganar favor ciudadano. Sin embargo, esta estrategia podría comprometer la capacidad de inversión pública futura o forzar recortes en otras áreas si la menor tasa impositiva no se traduce en un aumento proporcional de la base gravable.
Contexto Político y Económico General
Estos cambios en la cúpula del MEF y el debate fiscal se desarrollan en un contexto político particular, marcado también por la agenda internacional de la presidenta Dina Boluarte, que incluye preparativos para un posible viaje a Estados Unidos.
En el ámbito económico, la economía peruana ha mostrado signos de recuperación. En marzo de 2025, creció un 4.67%, impulsada principalmente por los sectores de Pesca y Minería e Hidrocarburos. El primer trimestre del año cerró con una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de entre 3.92% y cerca del 4%. Las proyecciones para el cierre de 2025 apuntan a un crecimiento anual que oscila entre el 3% y el 3.5%. Un dato alentador es el avance de la inversión privada, que creció un 8.8% en los primeros meses de 2025 en comparación con el año anterior.
En el plano social, la región sur del país experimentó momentos de alarma debido a un fuerte sismo de magnitud 5.4 registrado en Nazca (Ica). Este fue el tercer movimiento telúrico de consideración sentido en la zona en las últimas 13 horas, manteniendo en alerta a la población de Ica, Pisco y Chincha.
La salida de dos altos funcionarios del MEF –el exministro Salardi y ahora la viceministra Miralles– en un lapso tan breve puede generar incertidumbre sobre la coherencia y dirección de la política económica. Esta percepción de inestabilidad en puestos técnicos clave podría debilitar la confianza de los inversores y los mercados, que valoran la estabilidad y la previsibilidad en la gestión económica de un país.
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