Una frase ha encapsulado la creciente fractura social en Barcelona: “El Ayuntamiento de Barcelona quiere el dinero del turismo, pero no el turista”. Pronunciada por la presidenta de los guías turísticos, la declaración expone la contradicción de un gobierno que habla de límites, pero expande la infraestructura.
El debate sobre la masificación turística en Barcelona, un conflicto latente que enfrenta a residentes, empresarios y políticos, ha encontrado su eslogan en una frase lapidaria. Anna Carrasco, presidenta de la Associació de guies de turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya, ha verbalizado un sentimiento creciente en la ciudad: «El Ayuntamiento de Barcelona quiere el dinero del turismo, pero no el turista». Esta declaración no es una simple queja gremial; es el diagnóstico de una ciudad que lucha por definir su propia alma.
La presión en las calles y en las encuestas
El malestar ciudadano ya no es una percepción, es un dato. Según el último barómetro del propio Ayuntamiento, la vivienda y el turismo se han convertido en las principales preocupaciones de los barceloneses, por encima incluso de la inseguridad. La evidencia más clara es la opinión sobre los cruceros: un 64,6% de los ciudadanos cree que se debe limitar su número, una cifra que se ha disparado desde el 48,5% registrado hace solo dos años.
Aunque las manifestaciones contra el turismo han tenido una asistencia limitada, el sentimiento de saturación es palpable y se ha convertido en el eje central del debate político en la ciudad.
Sugerencia: Una imagen de una calle abarrotada de turistas en el Barrio Gótico, contrastando con un gráfico que muestre el aumento de la preocupación ciudadana por el turismo según las encuestas.
La política de «tocar techo»: gestos vs. realidad
El gobierno del alcalde Jaume Collboni (PSC) ha adoptado un discurso de contención, afirmando que la ciudad ha «tocado techo» en su capacidad para acoger visitantes. En línea con esto, se han anunciado medidas como la eliminación de todas las licencias de pisos turísticos para noviembre de 2028 y se ha pactado con sus socios de Barcelona en Comú llevar al Puerto una propuesta para reducir las terminales de cruceros de siete a cinco.
Sin embargo, es aquí donde la contradicción que denuncia Carrasco se hace evidente. La propuesta de reducir las terminales «no tiene plazos» definidos, y mientras tanto, el Puerto ha adjudicado recientemente la construcción de una nueva y masiva terminal G a la naviera Royal Caribbean.
“Hemos cerrado ya dos terminales y una tercera cesará su actividad a finales de 2026. Pero el Puerto sigue con planes de futuro” – Análisis de la situación portuaria.
Este doble discurso alimenta la percepción de que las medidas son más simbólicas que efectivas. El debate ya no es sobre cómo «gestionar» el turismo, sino sobre qué tipo de ciudad se quiere ser. La lucha de fondo es entre dos modelos: Barcelona como un «parque temático» global, optimizado para el consumo rápido, o Barcelona como una «ciudad para vivir», donde la prioridad es la calidad de vida de sus residentes. La frase de Anna Carrasco es tan potente porque revela con crudeza el intento del poder político de tener ambas cosas a la vez, una imposibilidad que está fracturando a la ciudad.
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