El presupuesto de Francia se ha convertido en el epicentro de una crisis política que expone las tensiones estructurales del sistema institucional francés. Tras meses de debates inconclusos, bloqueos parlamentarios y amenazas de censura, el gobierno ha optado por una vía excepcional para garantizar la adopción de las cuentas públicas del Estado para 2026.
El primer ministro Sébastien Lecornu anunció la adopción definitiva del presupuesto por decreto, un paso que solo será efectivo si su gobierno sobrevive a la moción de censura anunciada para el lunes. La decisión no es menor: representa el desenlace de una parálisis política que se arrastra desde el adelanto electoral de 2024 y que dejó una Asamblea Nacional fragmentada en tres grandes bloques sin mayorías claras.
El presupuesto de Francia en una Asamblea sin mayorías
La actual configuración del Parlamento francés ha convertido la aprobación del presupuesto de Francia en una prueba de resistencia institucional. La cámara baja está dividida entre la izquierda, el centroderecha y la ultraderecha, lo que ha impedido la construcción de consensos estables.
Desde su llegada al cargo en septiembre, Lecornu prometió a los socialistas someter el proyecto presupuestario a votación parlamentaria para evitar el destino de sus dos predecesores, cuyos gobiernos cayeron tras intentos fallidos de imponer reformas clave. Esa estrategia permitió aprobar la primera parte del presupuesto, relacionada con la financiación de la Seguridad Social.
Sin embargo, el proceso se estancó cuando comenzaron las discusiones sobre la financiación del Estado. Ante la imposibilidad de avanzar y el riesgo de un nuevo colapso gubernamental, el Ejecutivo optó por cerrar el debate parlamentario y activar el controvertido artículo 49.3 de la Constitución.
El artículo 49.3 como salida política
El uso del artículo 49.3 permite al gobierno francés aprobar una ley sin someterla a votación, salvo que una moción de censura prospere. Esta herramienta, utilizada de forma recurrente desde 2022, se ha convertido en un símbolo del bloqueo político que atraviesa Francia.
La Francia Insumisa presentó una nueva moción de censura que será debatida el lunes. No obstante, el antecedente reciente juega a favor del Ejecutivo: desde el 23 de enero, la Asamblea Nacional ha debatido cuatro mociones similares, todas rechazadas por falta de mayoría.
Para el gobierno, la adopción del presupuesto de Francia mediante este mecanismo no es una demostración de fuerza, sino una necesidad para garantizar la continuidad del Estado y evitar un vacío financiero con consecuencias económicas graves.
Un presupuesto bajo presión económica
El proyecto presupuestario tiene como objetivo sanear unas cuentas públicas profundamente endeudadas. Francia, la segunda economía de la Unión Europea, busca reducir su déficit público al 5% del PIB en 2026, una meta ambiciosa en un contexto de crecimiento moderado y presión social.
Con el fin de evitar que los socialistas apoyen una moción de censura, el gobierno incorporó varias medidas sociales y concesiones específicas. Estas decisiones reflejan el delicado equilibrio entre disciplina fiscal y estabilidad política en un país donde el gasto público sigue siendo un pilar del contrato social.
El Senado acelera el desenlace
Tras los rechazos de las mociones de censura en la Asamblea Nacional, el proyecto regresó al Senado, donde la alianza mayoritaria de centroderecha presentó una moción para rechazarlo en segunda lectura. Lejos de bloquear el proceso, esta maniobra aceleró el calendario parlamentario.
La Comisión de Finanzas del Senado decidió no prolongar los debates, que se arrastraban desde principios de otoño. Con ello, el largo proceso de discusión del presupuesto de Francia entra en su fase final, allanando el camino para una aprobación definitiva en la Asamblea Nacional en los próximos días.
Un respiro para Macron y su gobierno
La adopción del presupuesto representa un balón de oxígeno para el Ejecutivo y para el presidente Emmanuel Macron, que encara la recta final de su segundo mandato. La próxima elección presidencial, prevista para los primeros meses de 2027, ya se perfila en el horizonte político, aunque Macron no podrá presentarse.
Más allá del resultado inmediato, este episodio deja al descubierto una crisis de gobernabilidad que podría marcar el futuro institucional del país. La fragmentación parlamentaria, el uso reiterado del 49.3 y la normalización del bloqueo político plantean interrogantes profundos sobre la estabilidad del sistema.
Al cierre de este proceso, el presupuesto de Francia no solo define las prioridades económicas del Estado para 2026, sino que se convierte en un reflejo de un país que busca avanzar en medio de una de las crisis políticas más complejas de su historia reciente.
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