El presidente de Perú, José Jerí, anunció la declaratoria de estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao, medida que entrará en vigor a partir de la medianoche de este miércoles. El objetivo, según explicó el mandatario interino, es enfrentar la creciente delincuencia organizada que afecta a la capital y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

“Se acabó: hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, declaró Jerí en un mensaje televisado, donde destacó que su gobierno pasará “de la defensiva a la ofensiva” frente al crimen.

Un cambio de estrategia en la lucha contra la inseguridad

El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros implica que las fuerzas de seguridad podrán intervenir de manera más amplia en operaciones contra el crimen, incluyendo mayor presencia policial y militar, así como restricciones temporales a ciertos derechos, como el libre tránsito o la reunión en espacios públicos, dependiendo de la situación.

Jerí aseguró que su plan representa un “nuevo enfoque” en materia de seguridad, distinto al de anteriores administraciones. Según el mandatario, el gobierno busca “recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, enfatizando que “las guerras se ganan con acciones, no con palabras”.

La delincuencia organizada, el sicariato y el narcotráfico han aumentado en los últimos años en diversas zonas de Lima y Callao, generando una sensación de inseguridad generalizada. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior indican que los robos y homicidios aumentaron un 15% en el último año, particularmente en distritos como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima.

Contexto político: entre la inseguridad y la crisis institucional

El anuncio del estado de emergencia ocurre en medio de un clima político tenso. El Congreso peruano rechazó recientemente una moción de censura contra Jerí, apenas seis días después de su nombramiento como presidente interino. La iniciativa se presentó tras la represión policial de una protesta, que dejó un muerto y más de 120 heridos en Lima.

Aunque el mandatario logró superar el intento de censura, la decisión evidenció la fragilidad política de su gobierno. Analistas señalan que esta medida de emergencia busca también reforzar su imagen de liderazgo y control, tras semanas de cuestionamientos por parte de la oposición y la ciudadanía.

Por su parte, el primer ministro Ernesto Álvarez había adelantado días antes que el Ejecutivo preparaba un “paquete completo de medidas concretas” para la capital, aunque sin mencionar entonces la inclusión del Callao. En ese momento advirtió que “la declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo”, haciendo referencia a los limitados resultados de anteriores decretos similares.

Lo que implica el estado de emergencia en Lima y Callao

Durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en patrullajes, operativos y control de zonas consideradas de alto riesgo. Además, se espera que se refuercen los controles en carreteras y terminales, así como la intervención de bandas criminales que operan en mercados, transporte y microcomercio de drogas.

Sin embargo, las medidas adoptadas pueden variar según el motivo de su declaración. En este caso, se centran en la lucha contra la delincuencia organizada, por lo que las autoridades deberán informar periódicamente sobre los resultados obtenidos y garantizar el respeto de los derechos humanos durante las intervenciones.

Expertos en seguridad han señalado que el éxito del plan dependerá de la coordinación entre la PNP, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, así como del uso de inteligencia policial más que de acciones represivas masivas.

Reacciones mixtas entre ciudadanos y expertos

El anuncio ha generado reacciones divididas en la sociedad peruana. Mientras algunos ciudadanos celebran la decisión como un acto de firmeza frente al crimen, otros expresan temor por posibles abusos o militarización de la seguridad pública.

El especialista en derecho constitucional Ricardo Uceda recordó que, aunque el estado de emergencia es una herramienta legal, “no puede convertirse en una medida permanente ni sustituir políticas sostenidas de seguridad ciudadana”.

Organismos de derechos humanos, por su parte, pidieron al gobierno transparencia y rendición de cuentas durante la aplicación del decreto, advirtiendo que los excesos policiales o militares podrían generar nuevas tensiones en un país que atraviesa un frágil equilibrio institucional.

Un país en busca de estabilidad

Con esta decisión, José Jerí intenta marcar distancia de sus predecesores y consolidar su liderazgo en un contexto de alta desconfianza hacia las instituciones. Su desafío será demostrar que la ofensiva contra la delincuencia no se queda en un gesto político, sino que se traduce en resultados visibles y sostenibles para los limeños.

La lucha contra la inseguridad en Perú sigue siendo uno de los principales reclamos sociales y una prueba decisiva para la estabilidad del nuevo gobierno.