La diputada salvadoreña Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, presentó la primera demanda de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa, que habilitan la reelección presidencial indefinida de Nayib Bukele.
Ortiz, quien votó en contra de las modificaciones en un Congreso dominado por el partido Nuevas Ideas y aliados del presidente, argumentó que los cambios violan el principio de alternancia en el poder, un pilar de la Constitución salvadoreña.
“Habilitar la reelección indefinida de la Presidencia de la República violenta uno de los principios más importantes de la Constitución… eso es parte esencial y fundamental de nuestro sistema de gobierno”, declaró Ortiz a la prensa local.
El debate que polariza a El Salvador
La demanda fue presentada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron nombrados por la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, lo que para la oposición resta independencia al máximo tribunal.
Ortiz llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho a protestar contra las reformas. Por su parte, Bukele defendió la medida afirmando que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida” y acusó a sus críticos de tener un doble rasero cuando se trata de países “pequeños y pobres” como El Salvador.
Bukele mantiene alta aprobación
Aunque diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado un deterioro democrático y un uso excesivo del estado de excepción en las políticas de seguridad de Bukele, el mandatario mantiene altos índices de aprobación en encuestas nacionales.
En un giro inesperado, el gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo al presidente salvadoreño, señalando que su caso no debería compararse con líderes de países que califican como dictaduras, lo que genera un matiz particular en la relación bilateral.
Expertos en derecho constitucional señalan que, de entrar en vigor plena la reforma, El Salvador se uniría a un grupo reducido de países latinoamericanos, como Nicaragua y Venezuela, donde la reelección presidencial indefinida está permitida, aunque en contextos políticos muy distintos.
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