El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una dura crítica este viernes contra los ataques militares de Estados Unidos en el Caribe, luego de que se hallaran víctimas mutiladas y calcinadas en las costas de Trinidad y Tobago. Según un reportaje del New York Times, los cuerpos estarían relacionados con operaciones antidrogas del ejército estadounidense en la región.
En respuesta a estos hechos, Petro calificó las muertes como “asesinatos” y no como “bajas de guerra”, cuestionando la legitimidad y el alcance de las acciones armadas impulsadas por Washington bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.
“No son bajas de guerra, son asesinatos. De mutuo acuerdo con los países latinoamericanos y caribeños, hay que redirigir la lucha contra los narcotraficantes hacia su persecución personal, de sus bienes y capitales, y a las grandes incautaciones masivas”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta oficial de X.
El reportaje que desató la polémica
El New York Times publicó esta semana una investigación que detalla la aparición de cuerpos desmembrados y calcinados en playas del Caribe, principalmente en las costas de Trinidad y Tobago, tras ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones sospechosas de transportar droga.
Según el diario, Washington habría justificado estas acciones como parte de una ofensiva más amplia para combatir el narcotráfico internacional y, al mismo tiempo, presionar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, los resultados de estas operaciones han generado preocupación en la región debido a la falta de transparencia y al posible impacto sobre civiles inocentes.
La revelación del NYT encendió las alarmas en varias cancillerías latinoamericanas, especialmente en países con costas caribeñas, que han advertido sobre la violación de su soberanía territorial y la necesidad de establecer mecanismos multilaterales de control frente a la creciente militarización de la zona.
Petro pide un cambio de enfoque: de la guerra a la inteligencia financiera
Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha sido una de las voces más críticas frente al modelo militarizado de la lucha contra las drogas promovido históricamente por Estados Unidos. Para el líder colombiano, la estrategia bélica ha fracasado al no reducir el narcotráfico y, en cambio, incrementar la violencia y el desplazamiento en América Latina.
En su declaración más reciente, Petro insistió en que la cooperación regional debe centrarse en la persecución de las estructuras financieras de los cárteles y en grandes incautaciones de capitales ilícitos, en lugar de continuar con operaciones armadas que ponen en riesgo vidas humanas.
“Colombia no puede ser parte de una lógica de guerra que ignora los derechos humanos y pone en riesgo a poblaciones civiles”, expresó el presidente, reafirmando su rechazo a cualquier acción que involucre bombardeos o ataques unilaterales sin coordinación con los gobiernos afectados.
Washington defiende su estrategia mientras crece el malestar en la región
Por su parte, Estados Unidos ha defendido sus recientes operaciones en el Caribe, argumentando que forman parte de un plan integral para frenar las rutas marítimas del narcotráfico y proteger sus fronteras. Voceros del Departamento de Defensa sostienen que los ataques se realizaron contra embarcaciones sospechosas, en cumplimiento de tratados internacionales de seguridad marítima.
No obstante, el creciente número de denuncias sobre excesos militares y víctimas civiles ha generado tensiones diplomáticas. Países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica han comenzado a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas, mientras organizaciones de derechos humanos piden investigaciones independientes para esclarecer los hechos.
El presidente Petro fue enfático en señalar que ninguna operación antidrogas puede justificar violaciones al derecho internacional, y llamó a los líderes latinoamericanos a construir una postura común frente a la intervención militar estadounidense.
Hacia una nueva estrategia regional antidrogas
El gobierno colombiano propone impulsar un nuevo enfoque regional basado en la inteligencia financiera, judicial y diplomática, que permita atacar las redes de lavado de dinero y desmantelar los circuitos de poder que sostienen a los grandes cárteles.
En los últimos meses, Petro ha promovido iniciativas en foros internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la ONU, donde ha abogado por reemplazar la guerra contra las drogas por una política de regulación y prevención más efectiva y humana.
Además, el mandatario destacó los esfuerzos de su administración, que incluyen la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país, la presentación de una enmienda constitucional sobre seguridad pública y récords en incautaciones de cocaína y armas.
Las declaraciones de Gustavo Petro reavivan el debate sobre el futuro de la lucha antidrogas en América Latina, una región que por décadas ha cargado con los costos humanos, sociales y ambientales de una política impuesta desde el norte.
Mientras Estados Unidos mantiene su defensa de los ataques en el Caribe, el mandatario colombiano plantea una visión alternativa que prioriza la vida, la soberanía y la cooperación regional. En un contexto de creciente tensión geopolítica, la exigencia de Petro podría marcar un punto de inflexión en la relación entre América Latina y Washington respecto al combate global contra las drogas.
El llamado es claro: reemplazar las balas por inteligencia y justicia, para que la lucha contra el narcotráfico deje de cobrarse vidas inocentes en nombre de una guerra que muchos ya consideran perdida.


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