El presidente de Perú, José Jerí, afirmó que su gobierno determinará el momento oportuno para otorgar el salvoconducto que permita a la ex primera ministra Betssy Chávez viajar a México, donde solicitó asilo político tras refugiarse en la embajada mexicana en Lima.

En declaraciones a la prensa, Jerí enfatizó que su administración no tiene un plazo obligatorio para emitir el documento que garantice la salida de Chávez del país, quien permanece bajo resguardo diplomático mientras enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“No tenemos la obligación de decir que mañana o pasado se otorgará el salvoconducto; mientras tanto, el efecto práctico es que (Chávez) no puede salir del país. Está en la embajada y seguirá ahí el tiempo que sea pertinente y que el gobierno determine”, declaró el mandatario desde Lima.

Asilo político y controversia diplomática con México

El pasado 3 de noviembre, la Cancillería peruana confirmó que Betssy Chávez había solicitado asilo político en México, amparándose en los principios de protección humanitaria y no devolución. De acuerdo con el derecho internacional, una vez concedido el asilo, el país anfitrión debe otorgar un salvoconducto para permitir el traslado seguro del solicitante fuera del territorio nacional.

Sin embargo, el gobierno de Perú ha demorado la entrega del documento, lo que mantiene a Chávez en una situación de encierro diplomático dentro de la embajada mexicana. Mientras tanto, el gobierno mexicano sostiene que la exprimera ministra es una “perseguida política”, y ha solicitado que se respete el tratado bilateral sobre asilo diplomático firmado entre ambos países.

La postura de México no es nueva. En los últimos años, la administración mexicana ha brindado asilo a figuras políticas peruanas cercanas al expresidente Pedro Castillo, lo que ha generado roces diplomáticos entre ambos gobiernos.

Betssy Chávez y su papel en el intento de golpe de Pedro Castillo

Chávez enfrenta actualmente un proceso judicial por su presunta coautoría en el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en diciembre de 2022. En ese momento, ella ocupaba el cargo de primera ministra, y fue señalada como una de las personas que habrían participado en la redacción del mensaje presidencial en el que Castillo anunciaba la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”.

El intento de ruptura constitucional derivó en la destitución inmediata de Castillo por parte del Parlamento y su posterior encarcelamiento bajo los cargos de rebelión y abuso de autoridad. Desde entonces, Betssy Chávez ha sido una de las figuras más visibles del entorno político del expresidente y una de las principales acusadas dentro del proceso judicial.

A través de sus abogados, Chávez ha defendido su inocencia, asegurando que no participó en la planificación del golpe y que se trata de una persecución política impulsada por sus adversarios.

Un dilema entre el derecho internacional y la política interna

La decisión del presidente José Jerí de no fijar una fecha para el salvoconducto coloca a su gobierno en una delicada posición diplomática. Por un lado, el derecho internacional y las convenciones sobre asilo firmadas por Perú obligan a facilitar la salida segura de las personas protegidas por una embajada extranjera.

Por otro, el Ejecutivo enfrenta presión interna de sectores políticos y judiciales que consideran que otorgar el salvoconducto equivaldría a facilitar la impunidad de una funcionaria acusada de atentar contra el orden constitucional.

El gobierno peruano sostiene que la decisión se tomará “cuando las condiciones legales y políticas lo permitan”, lo que deja en suspenso la posibilidad de que Betssy Chávez abandone el país en el corto plazo.

Una tensión diplomática que podría escalar

Mientras se prolonga la espera, México y Perú mantienen un diálogo diplomático tenso, aunque ambos países han evitado, por ahora, una ruptura formal de relaciones. No obstante, analistas advierten que la situación podría reavivar las fricciones bilaterales si el gobierno peruano prolonga la entrega del salvoconducto o si México ejerce mayor presión pública.

Por el momento, Betssy Chávez permanece dentro de la embajada mexicana, sin posibilidad de salir al exterior ni de ser detenida por las autoridades peruanas. Su caso podría convertirse en un nuevo punto de inflexión en la ya complicada relación entre ambos gobiernos y en el debate sobre los límites del asilo político frente a los procesos judiciales nacionales.