El gobierno de Perú anunció este viernes que realizará consultas con los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acerca de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático antes de tomar una decisión definitiva sobre el salvoconducto que permitiría la salida del territorio peruano de la ex primera ministra Betssy Chávez. La funcionaria se encuentra actualmente asilada en la embajada de México en Lima, generando una tensión diplomática que ya llevó a la ruptura de relaciones entre ambos países.
Análisis jurídico y político: Cuestionamiento a la Convención de Caracas
Las autoridades peruanas informaron que realizaron un análisis exhaustivo tanto jurídico como político de la solicitud mexicana para el otorgamiento del salvoconducto, concluyendo que la Convención de Caracas de 1954 «ha sido utilizada de manera indebida en los últimos años». Según el gobierno peruano, este instrumento internacional estaría amparando a «personas acusadas de delitos comunes en lugar de casos de persecución política genuina», desnaturalizando así la esencia original del tratado.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano fue contundente al afirmar que «el gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención». Esta postura refleja una preocupación broader sobre lo que Perú percibe como un uso estratégico y potencialmente abusivo de los mecanismos de asilo diplomático en la región, particularmente en casos que involucran a figuras políticas acusadas de delitos graves.
Impasse diplomático y ruptura de relaciones
La decisión peruana de consultar a la OEA prolonga el impasse diplomático entre Perú y México, que alcanzó su punto más crítico el pasado lunes cuando el gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México. Esta medida extrema fue una respuesta directa al asilo concedido por la embajada mexicana a Betssy Chávez, quien enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del ex presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El caso de Chávez se enmarca en la crisis política peruana desatada tras la fallida autogolpe de Estado de Castillo, que llevó a su destitución y encarcelamiento. La ex primera ministra es acusada de haber integrado el efímero gabinete que Castillo intentó formar después de disolver el Congreso, un acto considerado por la justicia peruana como parte de una maniobra anticonstitucional.
Estrategia diplomática: Hacia una modificación de la Convención
La consulta a los estados miembros de la OEA tiene como objetivo explícito «buscar que se modifique la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático», según precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. Esta iniciativa representa una estrategia diplomática más amplia que trasciende el caso específico de Chávez y apunta a reformar el marco legal internacional que rige el asilo diplomático en las Américas.
Al elevar el debate al nivel multilateral de la OEA, Perú busca generar un consenso regional sobre lo que considera necesarias actualizaciones a un instrumento legal que data de mediados del siglo XX. La posición peruana sugiere que las condiciones políticas de la región han cambiado sustancialmente desde la firma de la convención, requiriéndose ajustes que prevengan lo que Lima califica como «uso indebido» de la figura del asilo diplomático.
Implicaciones regionales y precedentes
El caso de Betssy Chávez se inscribe en una tendencia regional de tensiones diplomáticas relacionadas con el asilo político. En años recientes, varios países latinoamericanos han experimentado situaciones similares donde figuras políticas acusadas de delitos han buscado refugio en embajadas extranjeras, generando disputas sobre la delgada línea entre persecución política y procesamiento legal legítimo.
La decisión peruana de llevar el caso a la OEA podría establecer un precedente significativo para el tratamiento futuro de situaciones similares en la región. El resultado de esta consulta influirá no solo en la resolución inmediata del caso Chávez, sino también en el marco legal que gobernará futuras solicitudes de asilo diplomático en las Américas, potencialmente redefiniendo los límites entre la protección a perseguidos políticos y la cooperación judicial internacional.
Próximos pasos y escenarios posibles
Mientras se desarrolla el proceso de consulta en la OEA, la situación de Betssy Chávez permanece en un limbo jurídico y diplomático. La ex ministra continuará asilada en la embajada mexicana en Lima, en una situación que podría prolongarse por semanas o incluso meses, dependiendo de la celeridad del proceso de consulta multilateral y las negociaciones subsiguientes.
El gobierno peruano ha dejado claro que su estrategia a largo plazo va más allá de la resolución de este caso particular, buscando instead una reforma estructural del sistema de asilo diplomático regional. Esta aproximación sugiere que, independientemente del desenlace específico del caso Chávez, Perú continuará impulsando modificaciones a la Convención de Caracas, planteando un debate que podría reconfigurar las prácticas de asilo diplomático en el hemisferio occidental para las próximas décadas.
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