La ONU quiere investigar ICE tras la muerte de una mujer durante un operativo migratorio en Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas solicitó de manera formal una investigación independiente, rápida y transparente luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparara y matara a Renee Good, de 37 años, en la ciudad de Mineápolis, Minnesota.
El caso ha provocado una fuerte reacción social, política y diplomática, reavivando el debate sobre el uso de la fuerza letal en operativos antimigrantes, el respeto a los derechos humanos y la creciente tensión entre el gobierno federal y estados gobernados por el Partido Demócrata.
Muerte durante operativo del ICE en Mineápolis
Los hechos ocurrieron la semana pasada durante una redada antimigrantes en Mineápolis. Renee Good fue abatida a tiros por un agente del ICE mientras se encontraba al volante de su vehículo. Hasta el momento, las autoridades federales no han precisado las circunstancias exactas que llevaron al uso de fuerza letal, ni si la mujer representaba una amenaza real e inmediata.
Tras el incidente, el presidente Donald Trump afirmó públicamente que el agente “seguramente actuó en legítima defensa”. Sin embargo, esta versión fue cuestionada por líderes demócratas locales y organizaciones civiles, quienes señalan que videos del incidente contradicen la narrativa oficial y muestran un escenario distinto al descrito por la Casa Blanca.
ONU cuestiona el uso de la fuerza letal
Desde Ginebra, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence, fue contundente al recordar los estándares internacionales. Según explicó, el uso intencional de fuerza letal solo puede justificarse como último recurso, cuando existe una amenaza inminente contra la vida de otras personas.
Laurence subrayó que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, cualquier muerte causada por agentes del Estado debe ser investigada de forma exhaustiva. Por ello, la ONU insistió en la necesidad de una investigación independiente, rápida y transparente que permita esclarecer responsabilidades y garantizar justicia en el caso de Renee Good.
Protestas masivas y tensión social en Estados Unidos
La muerte de Renee Good detonó una oleada de protestas durante el fin de semana en varias ciudades del país. Manifestaciones multitudinarias se registraron en Mineápolis, Nueva York, Los Ángeles y Boston, donde activistas, organizaciones de derechos civiles y ciudadanos exigieron justicia y el fin de los operativos migratorios agresivos.
Las movilizaciones también reflejan un creciente malestar social frente a las políticas antimigrantes del gobierno de Trump, consideradas por críticos como discriminatorias y violatorias de derechos fundamentales. En muchos casos, las protestas se desarrollaron de manera pacífica, aunque con una fuerte presencia policial.
Respuesta federal: más agentes y advertencias
Pese al llamado de la ONU a reducir tensiones, el gobierno de Estados Unidos anunció el envío de “cientos” de agentes federales adicionales a Mineápolis. Esta decisión fue interpretada por sectores opositores como una escalada innecesaria que podría agravar el conflicto social en lugar de contenerlo.
Jeremy Laurence instó a las autoridades estadounidenses a abstenerse de cualquier incitación a la violencia y a adoptar medidas que prioricen la desescalada del conflicto. El organismo internacional enfatizó que la seguridad pública no debe lograrse a costa de los derechos humanos ni mediante el uso excesivo de la fuerza.
Estados demandan al gobierno de Trump
El caso también tuvo repercusiones legales. La ciudad de Mineápolis y el estado de Minnesota anunciaron que presentaron una demanda contra el gobierno federal por los operativos migratorios, argumentando que vulneran la autonomía local y ponen en riesgo a la población.
De forma paralela, el estado de Illinois, también gobernado por demócratas y particularmente afectado por redadas en Chicago, inició un procedimiento judicial similar. Estas acciones legales evidencian una fractura institucional entre gobiernos estatales y la administración federal en materia migratoria.
Un caso que trasciende fronteras
La exigencia de la ONU por investigar ICE coloca el caso de Renee Good en el centro del debate internacional sobre migración, uso de la fuerza y rendición de cuentas. No se trata solo de un incidente aislado, sino de un episodio que refleja tensiones estructurales en la política migratoria estadounidense y su impacto en los derechos humanos.
Mientras avanzan las protestas y los litigios, la atención estará puesta en si el gobierno de Estados Unidos acepta una investigación con estándares internacionales o mantiene su postura defensiva. El desenlace del caso podría sentar un precedente clave para futuros operativos del ICE y la relación entre seguridad, migración y derechos fundamentales.
