La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una severa advertencia al gobierno de Colombia por la grave contaminación con mercurio en la cuenca del río Atrato, resultado directo de la minería ilegal de oro que se ha expandido durante la última década. Según el organismo, esta situación representa una “crisis continua de derechos humanos”, ya que amenaza la salud, la seguridad alimentaria y la supervivencia cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen del río.

Una crisis ambiental y social que no se detiene

En una carta publicada por tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el organismo recordó que la Corte Constitucional de Colombia reconoció en 2016 al río Atrato como una entidad legal con derecho a protección, conservación y restauración. Sin embargo, casi una década después, los compromisos asumidos por el Estado colombiano no se han cumplido plenamente, lo que agrava el deterioro ambiental y social en la región.

Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, señaló en entrevista con The Associated Press que la situación actual es “alarmante”.

“Han pasado diez años y hemos visto que la implementación y el cumplimiento de los términos de esa decisión han sido insuficientes”, afirmó.

El experto explicó que la contaminación del río Atrato con mercurio afecta directamente a miles de personas que utilizan sus aguas para beber, pescar, bañarse y cocinar. El metal pesado se acumula en los peces, principal fuente de alimento local, provocando graves daños neurológicos y renales en adultos y niños.

El impacto de la minería ilegal en el río Atrato

La región del Chocó, donde se encuentra el río Atrato, ha sido por años epicentro de la minería ilegal de oro, actividad que emplea grandes cantidades de mercurio para separar el mineral de las rocas. Según estimaciones de organizaciones ambientales, más de 150 toneladas de mercurio son liberadas cada año en los ríos del país, una parte significativa en la cuenca del Atrato.

El uso indiscriminado de este metal no solo contamina el agua y los sedimentos, sino que también altera ecosistemas enteros, eliminando especies acuáticas y destruyendo los bosques ribereños. Además, la minería ilegal suele estar asociada a violencia, desplazamiento forzado y actividades de grupos criminales que controlan territorios con impunidad.

Orellana señaló que la raíz del problema está en la presencia del crimen organizado:

“Una gran parte del problema se origina en el contrabando de mercurio, el contrabando de oro y la corrupción dentro de las fuerzas militares y policiales”, sostuvo.

Falta de acción y protección estatal

Los relatores de la ONU también expresaron preocupación por la ausencia de una respuesta estatal integral que garantice los derechos ambientales y humanos de las comunidades afectadas. Pese a las órdenes judiciales de protección y restauración, la implementación de medidas sigue siendo limitada, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

El fallo de la Corte Constitucional de 2016 establecía la creación de guardianes del río Atrato, representantes de las comunidades que debían participar en la gestión ambiental y cultural del afluente. Sin embargo, según la ONU, muchos de estos mecanismos no han recibido apoyo técnico ni financiero suficiente.

Las comunidades locales, por su parte, denuncian que los esfuerzos del Estado se concentran en operativos policiales, mientras faltan programas sostenibles de sustitución de la minería ilegal, educación ambiental y alternativas económicas para los habitantes del Chocó.

Riesgo para la salud y la biodiversidad

El mercurio es uno de los contaminantes más peligrosos conocidos por la ciencia. Cuando entra en contacto con el agua, se transforma en metilmercurio, una sustancia altamente tóxica que se acumula en los organismos vivos. Su exposición prolongada puede causar daños cerebrales irreversibles, pérdida de memoria, problemas motores y malformaciones congénitas.

Los estudios realizados en la región indican que los niveles de mercurio en la sangre de algunos habitantes del Chocó superan hasta diez veces los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La situación es especialmente grave entre mujeres embarazadas y niños.

Además del impacto humano, el río Atrato es uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de Colombia, y su degradación amenaza especies endémicas y reservas naturales clave para el equilibrio ambiental del país.

La advertencia de la ONU sobre el río Atrato pone de nuevo en evidencia la deuda ambiental y social que enfrenta Colombia frente a la minería ilegal y la contaminación por mercurio. Aunque el país fue pionero en reconocer a un río como sujeto de derechos, la falta de cumplimiento efectivo y la persistencia del crimen organizado impiden que esa protección sea una realidad.

Los expertos internacionales instan al gobierno colombiano a reforzar la aplicación del fallo de 2016, garantizar la seguridad de las comunidades locales y promover un modelo de desarrollo sostenible que permita recuperar uno de los ríos más emblemáticos del país.

El desafío no solo es ambiental: es también una cuestión de justicia social y derechos humanos, donde la vida de miles de personas y la salud del ecosistema dependen de acciones concretas y urgentes.