En un giro controvertido, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, de manera unánime, una reforma constitucional que establece la pérdida de nacionalidad para aquellos que sean considerados «traidores a la patria». Esta reforma, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, pone en el centro del debate político y social la definición de traición y sus implicaciones para la libertad de expresión y la oposición política en el país. La medida, que afecta a una lista creciente de nicaragüenses, incluyendo figuras prominentes como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como obispos y líderes de la oposición, marca un precedente en la historia reciente de Nicaragua.
El contexto de la reforma constitucional en Nicaragua
La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en una sesión de segunda legislatura el pasado miércoles. A través de este cambio, se establece formalmente que «los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense», un concepto que hasta ahora había sido utilizado de forma más discrecional, pero sin un respaldo explícito en la Constitución del país. La medida ha sido justificada por el gobierno como una forma de defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo nicaragüense.
¿Qué significa ser considerado “traidor a la patria”?
Según la ley recién aprobada, se considera «traidor a la patria» a aquellos que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, inciten actos terroristas, fomenten la injerencia extranjera o gestionen bloqueos económicos contra Nicaragua. Entre las acciones que pueden desencadenar esta condena se incluyen las que buscan dañar la soberanía nacional, alentar sanciones internacionales o incluso organizarse con potencias extranjeras para desestabilizar el país.
El gobierno de Ortega no ha dudado en aplicar esta nueva legislación, despojando de su nacionalidad a más de 450 nicaragüenses, entre ellos destacados opositores políticos y figuras públicas. Esta medida ha sido parte de una serie de políticas más amplias de represión contra la oposición interna y aquellos que critican al gobierno.
La persecución política tras la reforma constitucional
Uno de los aspectos más polémicos de esta reforma es su aplicación retroactiva. A pesar de que la nueva legislación fue aprobada en 2024, desde el año anterior el gobierno ya había comenzado a despojar de su nacionalidad a figuras clave de la oposición. Entre los primeros en ser afectados se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, ambos críticos del régimen de Ortega, y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, conocido por sus posturas de rechazo al autoritarismo en Nicaragua.
El proceso de despojo de la nacionalidad ha continuado durante los meses posteriores, afectando a más de 450 nicaragüenses, incluidos líderes opositores, disidentes y algunos religiosos que se han pronunciado contra el gobierno. La cifra se elevó con la reciente excarcelación de 135 presos políticos que, tras ser liberados, fueron expulsados a Guatemala, mientras que en otro caso se privó de su nacionalidad a varios exiliados políticos y figuras del ámbito social y cultural.
El impacto de la reforma constitucional en la política nicaragüense
Esta reforma, además de generar un conflicto político interno, ha afectado las relaciones internacionales de Nicaragua, especialmente con gobiernos y organizaciones que critican las políticas represivas de Ortega. Organizaciones internacionales, como la ONU y la OEA, han señalado su preocupación por el impacto de esta reforma sobre los derechos humanos y la libertad de expresión. La medida también ha sido vista como un mecanismo de control y censura, ya que pone en riesgo las voces críticas al régimen y favorece la consolidación de poder por parte del gobierno.
La modificación de la Constitución también elimina el artículo 20 que garantizaba la protección de la nacionalidad, lo que deja abierta la posibilidad de que más personas sean despojadas de su ciudadanía en el futuro. Además, quienes sean considerados traidores a la patria no podrán optar a cargos de elección popular, lo que limita aún más las opciones de la oposición política en Nicaragua.
Reacciones locales e internacionales
La reforma ha generado una fuerte respuesta tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de Nicaragua, la medida ha sido recibida con indiferencia por los simpatizantes del gobierno, quienes ven la reforma como un paso necesario para proteger la soberanía del país. Sin embargo, sectores opositores y defensores de los derechos humanos han criticado duramente la medida, considerándola una violación de los derechos fundamentales de los nicaragüenses, como la libertad de expresión y el derecho a participar en la vida política del país.
A nivel internacional, países y organizaciones han expresado su preocupación por la creciente represión en Nicaragua. La OEA y otros actores internacionales han solicitado a Ortega la liberación de los opositores políticos y el respeto a los derechos humanos, mientras que muchos países han condenado las medidas como un intento de eliminar cualquier forma de oposición al régimen.
La reforma como parte de un régimen autoritario
La reforma constitucional en Nicaragua representa un paso más hacia la consolidación de un régimen autoritario bajo el liderazgo de Daniel Ortega. La legislación sobre la «traición a la patria» refuerza el control del gobierno sobre cualquier forma de oposición y establece un precedente peligroso para la libertad política en el país. Con el despojo de nacionalidad a más de 450 nicaragüenses y la represión de voces disidentes, Nicaragua se adentra en una nueva fase de su historia política, marcada por la censura y el autoritarismo. La comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, mientras que el pueblo nicaragüense enfrenta un panorama político cada vez más restrictivo.
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