Organizaciones opositoras al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua denunciaron el sábado 30 de agosto, la muerte en prisión del abogado Carlos Cárdenas, detenido hace 15 días durante redadas policiales en Managua y otras zonas del país.
«La dictadura sandinista entrega otro preso político muerto a familiares», expresó la Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON) en su cuenta de X, agregando que condenan «enérgicamente este crimen político y de Estado» y denuncian «el terrorismo que ejecuta Ortega y Murillo contra los nicaragüenses».
Detención de Carlos Cárdenas
Cárdenas había sido arrestado tras la revuelta social de abril de 2018, después de actuar como asesor de la Conferencia Episcopal, que mediaba en diálogos con el gobierno.
La muerte del abogado fue confirmada por varias organizaciones, entre ellas la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica y la red Monitoreo Azul y Blanco, que alertaron sobre una «nueva modalidad represiva».
El dirigente de la Plataforma de Unidad Democrática (PUDE), Enrique Avanza, confirmó a Reuters que la muerte de Cárdenas se suma a la de al menos otros cuatro opositores detenidos por su postura crítica hacia el régimen de Ortega y Murillo.
Patrón de represión en Nicaragua
Organizaciones de derechos humanos advierten que este tipo de sucesos confirma un patrón de criminalización de la protesta de 2018 y evidencia una estrategia sistemática para castigar y silenciar la disidencia política mediante el aparato estatal.
Desde 2018, Nicaragua enfrenta una crisis política marcada por la represión violenta de protestas, que dejó aproximadamente 350 fallecidos, más de 2,000 heridos y cientos de miles de exiliados.
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