Miles marchan en Brasil este domingo en distintas ciudades del país para rechazar una ley aprobada en la Cámara de Diputados que podría reducir de forma drástica la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por delitos relacionados con el intento de golpe de Estado. Las movilizaciones reflejan una fuerte tensión social y política en torno al futuro de la democracia brasileña y al papel del Congreso frente a decisiones que una parte de la población considera contrarias al interés público.

Protestas masivas contra una iniciativa legislativa polémica

Las manifestaciones fueron convocadas por movimientos sociales, organizaciones civiles y partidos de izquierda, luego de que la cámara baja aprobara de madrugada una iniciativa impulsada por una mayoría conservadora. El proyecto modifica los criterios para calcular las penas por delitos contra el Estado democrático de derecho, lo que permitiría reducir sustancialmente la condena de Bolsonaro.

Las protestas se extendieron por decenas de ciudades, incluidas Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo, donde miles de personas salieron a las calles con pancartas y consignas como “Sin amnistía” y “Congreso, enemigo del pueblo”, denunciando que los legisladores actúan de espaldas a la ciudadanía.

Copacabana y la protesta musical como símbolo

En Río de Janeiro, la movilización tuvo un carácter especial con una protesta musical en la playa de Copacabana, encabezada por el cantante Caetano Veloso. La convocatoria retomó el formato de una manifestación similar realizada en septiembre pasado contra la posibilidad de una amnistía para Bolsonaro y otros condenados por golpismo.

Artistas de renombre como Gilberto Gil y Chico Buarque participaron o fueron anunciados en el evento, reforzando el carácter simbólico de la protesta. El ambiente fue festivo, pero con un mensaje político contundente: rechazar cualquier intento de suavizar las penas a quienes atentaron contra el orden democrático.

Indignación ciudadana y críticas al Congreso

En Brasilia, una multitud se congregó cerca del Museo Nacional y marchó hacia el Congreso. Para muchos asistentes, la ley representa un retroceso institucional. “Ellos legislan de espaldas a la población”, expresó Thaís Nogueira, profesora de 45 años, quien afirmó que las protestas buscan presionar a los legisladores para que reconsideren su postura.

El proyecto de ley ahora deberá ser discutido en el Senado, donde se votará en los próximos días. De aprobarse sin cambios, expertos señalan que Bolsonaro podría acceder a libertad condicional en poco más de dos años, lo que ha encendido las alarmas entre sectores que defienden la vigencia plena del Estado de derecho.

El trasfondo del caso Bolsonaro

El expresidente ultraderechista, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue declarado culpable de liderar un plan para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Según el Tribunal Supremo, el complot incluía incluso planes para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.

Desde finales de noviembre, Bolsonaro cumple condena en una instalación de la Policía Federal en Brasilia, luego de que se determinara riesgo de fuga. Previamente había estado bajo arresto domiciliario, pero fue trasladado tras intentar dañar la tobillera electrónica que monitoreaba su ubicación.

Un escenario político aún más tenso

El debate sobre la reducción de la pena resurgió pocos días después de que Bolsonaro designara a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su posible sucesor rumbo a las elecciones de 2026. El propio Flávio llegó a sugerir que podría retirar su candidatura a cambio de una amnistía para su padre, lo que fue interpretado por los manifestantes como una maniobra política inaceptable.

Además, las protestas también incluyeron reclamos contra otras decisiones legislativas recientes, como la aprobación de la tesis del Marco Temporal, que limita los derechos territoriales de los pueblos indígenas y ha generado amplio rechazo social.

Miles de personas movilizadas

Las movilizaciones en Brasil evidencian que el país atraviesa un momento crítico en la defensa de su democracia y Estado de derecho. Para miles de ciudadanos, reducir la condena de Jair Bolsonaro no solo significa favorecer a un expresidente, sino sentar un precedente peligroso frente a los delitos contra el orden constitucional. Con la votación pendiente en el Senado, la presión social continúa, dejando claro que una parte significativa de la población no está dispuesta a aceptar lo que considera una amnistía encubierta.