El Gobierno de Javier Milei oficializó el ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina, específicamente a la provincia de Tierra del Fuego, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025. La medida fue publicada en el Boletín Oficial este lunes con la firma del Presidente y de todo su Gabinete, según informó el medio TeleSUR.
La decisión, que habilita la realización de ejercicios militares combinados con Estados Unidos y Chile, ha generado un intenso debate en el plano político y jurídico, ya que la Constitución argentina establece que el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio debe contar con la aprobación del Congreso.
Los ejercicios militares previstos
El decreto autoriza dos maniobras conjuntas en el marco del Plan Anual de Ejercicios Combinados de las Fuerzas Armadas.
El primer operativo, denominado “Solidaridad”, se llevará a cabo en Puerto Varas, Chile, del 6 al 10 de octubre. Según el Gobierno, su objetivo es fortalecer la cooperación frente a catástrofes naturales, en base al Acuerdo de Cooperación bilateral firmado en 1997. El DNU habilita el despliegue de personal y medios militares argentinos entre el 5 y el 11 de octubre.
El segundo ejercicio, bautizado “Tridente”, tendrá lugar en territorio argentino entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Este operativo se desarrollará en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, e incluirá operaciones de defensa naval y asistencia humanitaria con la participación directa de tropas estadounidenses. Según el decreto, la meta es “mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales en escenarios de crisis”.
Ambas maniobras ya habían sido contempladas en un proyecto de ley enviado previamente al Congreso Nacional, aunque nunca llegó a tratarse.
El recurso al DNU y sus implicaciones jurídicas
El Ejecutivo justificó el uso del DNU argumentando la “naturaleza excepcional” del contexto y la necesidad de asegurar la realización de los ejercicios sin demoras. Sin embargo, la medida generó críticas por prescindir del aval legislativo.
El artículo 75 de la Constitución argentina establece que el ingreso de tropas extranjeras requiere autorización del Congreso. Por esta razón, la Comisión Bicameral Permanente deberá revisar la validez del decreto en los próximos días. No obstante, en la práctica, los operativos ya cuentan con un cronograma confirmado y difícilmente se vean interrumpidos.
El uso de decretos de necesidad y urgencia en temas de defensa y soberanía ha sido históricamente cuestionado, ya que plantea dudas sobre los límites del poder presidencial y el rol de control del Parlamento.
Debate político en torno a la soberanía
La decisión de Milei ha desatado un debate que trasciende lo jurídico y alcanza lo político. Para sus críticos, autorizar el ingreso de tropas extranjeras sin el consentimiento del Congreso representa una cesión de soberanía y una señal de alineamiento automático con Estados Unidos en materia de defensa.
Desde sectores opositores, se advierte que este tipo de medidas podría abrir la puerta a una mayor injerencia militar extranjera en el territorio nacional, especialmente en zonas sensibles como Tierra del Fuego, región estratégica por su ubicación geopolítica cercana a la Antártida y al Atlántico Sur.
Por su parte, el Gobierno defiende la medida como una oportunidad de cooperación internacional, orientada a fortalecer las capacidades militares y humanitarias de Argentina frente a escenarios de crisis, desastres naturales o eventuales amenazas marítimas.
Los costos y la logística de las maniobras
De acuerdo con el DNU, los gastos derivados de la participación argentina en los ejercicios combinados serán cubiertos con partidas asignadas al Ministerio de Defensa.
En el caso del operativo “Tridente”, se espera un despliegue logístico significativo que involucra no solo a las Fuerzas Armadas argentinas, sino también a efectivos y equipos militares provenientes de Estados Unidos. Las bases de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano serán los principales centros de operaciones durante las casi cuatro semanas que durará el entrenamiento.
Además de las actividades de defensa naval, los ejercicios contemplan acciones de asistencia humanitaria, lo que implica la coordinación entre fuerzas militares y organismos civiles en situaciones de emergencia.
Un punto de inflexión en la política de defensa
El ingreso de tropas estadounidenses bajo la autorización directa de un decreto presidencial marca un punto de inflexión en la política de defensa argentina. Más allá de los objetivos operativos de los ejercicios, la decisión refleja un cambio en el enfoque geopolítico del actual gobierno, que busca estrechar vínculos militares con Washington y reforzar su alineamiento internacional.
La controversia sobre el procedimiento utilizado podría tener repercusiones más amplias, ya que reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes en Argentina y la necesidad de garantizar un mayor control parlamentario sobre decisiones que afectan la soberanía nacional.
La autorización del presidente Javier Milei para el ingreso de tropas de Estados Unidos a Tierra del Fuego mediante un DNU sin aval del Congreso ha abierto un debate sobre la soberanía, la legalidad y el papel de Argentina en la cooperación militar internacional.
Mientras el Gobierno justifica la medida en nombre de la interoperabilidad y la preparación frente a crisis, la oposición cuestiona el procedimiento y advierte sobre los riesgos de ceder atribuciones legislativas en temas sensibles.
En un contexto regional marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguraciones estratégicas, la decisión podría convertirse en un precedente clave sobre cómo Argentina define su política de defensa y el rol que jugará en el equilibrio de poder en el Cono Sur.
