El presidente de Argentina, Javier Milei, emitió un decreto ejecutivo que endurece significativamente la política migratoria del país. La medida, conocida en días recientes y con impacto este 19 de mayo de 2025, restringe el acceso a la ciudadanía, facilita las deportaciones y establece el cobro por servicios públicos como salud y educación a extranjeros.
Buenos Aires, Argentina – En un giro drástico respecto a la tradicional política de puertas abiertas de Argentina, el gobierno de Javier Milei ha implementado nuevas y estrictas regulaciones migratorias. A través de un decreto ejecutivo, se imponen mayores requisitos para la obtención de la ciudadanía y residencia, se agilizan los procesos de deportación y, de manera controversial, se introduce el cobro a extranjeros por el uso de servicios públicos esenciales.
Principales Cambios en la Política Migratoria:
- Acceso a la Ciudadanía: Ahora se requerirán dos años de residencia ininterrumpida en Argentina o una inversión financiera significativa en el país para poder optar al pasaporte argentino.
- Residencia Permanente: Los solicitantes deberán demostrar prueba de ingresos o «medios suficientes» y no tener antecedentes penales en sus países de origen.
- Deportaciones Agilizadas: El decreto facilita considerablemente la expulsión de migrantes que ingresen ilegalmente, falsifiquen documentos o cometan delitos menores en Argentina. Anteriormente, la deportación solo era posible tras una condena superior a tres años de prisión. Se ha instado al poder judicial a acelerar los procedimientos judiciales migratorios.
- Cobro por Servicios Públicos: De manera inédita, se establece que los extranjeros deberán pagar por el acceso a la salud pública y la educación pública. Además, se exige que todos los viajeros que ingresen al país cuenten con un seguro de salud.
Justificación del Gobierno y Críticas
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó las medidas argumentando la necesidad de combatir el «caos y abuso por parte de muchos oportunistas» y de garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos. Adorni afirmó, sin presentar pruebas, que los hospitales públicos gastaron unos $100 millones en la atención a extranjeros el año pasado y utilizó la frase «hacer Argentina grande otra vez», evocando el eslogan de Donald Trump.
Estas medidas han sido duramente criticadas por opositores y organizaciones de derechos humanos. Pablo Ceriani Cernadas, vicepresidente de un comité de la ONU para la protección de los derechos de los migrantes, denunció la «politización de la migración con fines electorales y la distorsión de la realidad». Los críticos señalan que Argentina no ha experimentado un aumento reciente de la inmigración; de hecho, el censo de 2022 mostró la proporción más baja de residentes extranjeros desde que comenzaron los registros en 1869.
El momento del anuncio, coincidiendo con las elecciones legislativas de Buenos Aires, también ha alimentado las sospechas de una motivación electoral.
«Desde hace tiempo tenemos normativas que invitan al caos y al abuso por parte de muchos oportunistas que están lejos de venir a este país de manera honesta.» – Manuel Adorni, vocero presidencial de Argentina.
Un Cambio Histórico y sus Implicaciones
Argentina, una nación construida en gran medida por olas de inmigrantes europeos y de países vecinos, siempre se ha enorgullecido de su apertura. Este decreto representa un cambio fundamental en esa tradición. La decisión de cobrar por servicios públicos como la salud y la educación a los extranjeros se produce en un contexto en el que las universidades y hospitales públicos ya están bajo una fuerte presión debido a los drásticos recortes de gastos implementados por el gobierno de Milei como parte de su plan de austeridad fiscal.
La medida podría tener múltiples consecuencias. Por un lado, el gobierno espera reducir el gasto público y ejercer un mayor control sobre los flujos migratorios. Por otro, se teme que estas políticas puedan fomentar la xenofobia, dificultar la integración de los migrantes y dañar la imagen internacional de Argentina como país de acogida. Además, la imposición de barreras al acceso a la salud y educación podría tener efectos negativos en la salud pública y en el desarrollo social, afectando no solo a los migrantes sino a la sociedad en su conjunto.
El impacto en la economía, particularmente en sectores que dependen de mano de obra migrante o en el turismo «de salud» que algunas provincias intentaban controlar, aún está por verse.
Este endurecimiento de la política migratoria se alinea con una tendencia global de mayor restricción en algunos países, pero contrasta fuertemente con la historia y la identidad de Argentina.
Síguenos en nuestro perfil de X La Verdad Noticias y mantente al tanto de las noticias más importantes del día.
