La justicia y la seguridad de Chile se encuentran en el ojo del huracán tras la increíble liberación de Osmar Ferrer Ramírez, un sicario venezolano de 18 años imputado por un homicidio de alto perfil. Una insólita «cadena de errores» administrativas lo dejó en la calle, desatando una crisis política, una investigación por posible corrupción y una alerta roja de Interpol para su recaptura.
Parece el guion de una película, pero es la cruda realidad que ha puesto en jaque a las instituciones chilenas. Un peligroso delincuente, acusado de asesinar a sueldo por 30 millones de pesos, salió caminando por la puerta principal de la cárcel Santiago 1, menos de 24 horas después de que una jueza ordenara su prisión preventiva. Lo más grave: nadie en el sistema se percató de su ausencia durante cuatro largos días.
El caso ha expuesto una vulnerabilidad sistémica alarmante y ha encendido un feroz debate sobre la competencia, la comunicación entre los poderes del Estado y la posible infiltración de la corrupción en el sistema judicial.
La increíble cronología de un desastre anunciado
Para entender la magnitud del fallo, es necesario desglosar la secuencia de eventos que llevaron a la liberación de Osmar Ferrer, presunto miembro del Tren de Aragua e imputado por el asesinato del empresario Mauricio Palazzo, conocido como el «Rey de Meiggs».
- Miércoles 9 de Julio – La Audiencia: La jueza Irene Rodríguez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, acoge la solicitud de la Fiscalía y decreta prisión preventiva para Ferrer y otros dos imputados.
- Miércoles 9 de Julio, 20:18 hrs – El Primer Oficio (El Error): Minutos después de la audiencia, se emite un oficio judicial que sorprendentemente ordena la libertad de Ferrer, en lugar de su ingreso a prisión.
- Miércoles 9 de Julio, 20:25 hrs – El Segundo Oficio (La Corrección Tardía): Siete minutos después, se emite un segundo documento rectificando el primero. Se argumenta un error en la identificación del imputado (faltaba una letra en su apellido) y se reitera la orden de prisión preventiva. Ambos oficios son enviados a Gendarmería.
- Jueves 10 de Julio, 20:40 hrs – La Liberación: Gendarmería, actuando sobre la base del primer oficio, procesa la salida de Ferrer. Un video lo muestra saliendo tranquilamente, donde es esperado por dos sujetos.
- Lunes 14 de Julio – El Descubrimiento: La Fiscalía y el Poder Judicial se enteran cuatro días después de que el imputado no está en la cárcel, lo que desata el escándalo.
Guerra de acusaciones: ¿Incompetencia o corrupción?
El escándalo ha provocado un cruce de acusaciones entre las instituciones.
- Gendarmería: Se defiende afirmando que se limitaron a «cumplir la orden» escrita que recibieron del tribunal. Su director descartó responsabilidad institucional.
- Poder Judicial: Salió a explicar la cronología, admitiendo el error en el primer oficio pero insistiendo en que se envió una corrección minutos después. Descartaron inicialmente una vulneración de seguridad informática.
- Fiscalía: Abrió una investigación penal para determinar si se trató de un simple error administrativo o si hubo dolo y posible corrupción. El fiscal a cargo no descarta ninguna hipótesis, incluyendo un hackeo.
La oposición política ha aprovechado la crisis para atacar al gobierno. La candidata presidencial Evelyn Matthei pidió convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y afirmó: «Aquí probablemente hay corrupción».
«Si en definitiva esto queda sujeto a la redacción de un oficio y a la lectura correcta de todos los oficios, yo digo que el sistema es feble», remató el fiscal regional, Marcos Pastén, evidenciando la fragilidad de los protocolos de comunicación.
Cacería Internacional y una Amenaza Latente
Mientras las autoridades se culpan mutuamente, un sicario peligroso está prófugo. La Policía de Investigaciones (PDI) emitió una alerta roja a través de Interpol, solicitando su búsqueda y captura en los 196 países miembros. Se ha difundido su descripción: tez morena, 1.75 m de estatura, pelo negro ondulado y un tatuaje en la mano derecha con la palabra «Zeus».
La liberación de Ferrer no es solo una vergüenza institucional; es una amenaza tangible para la seguridad pública. El caso ha dejado al descubierto que los sofisticados sistemas digitales de la justicia chilena pueden ser derrotados por un error humano o, peor aún, por una vulnerabilidad que el crimen organizado ya podría estar explotando. La pregunta que resuena en todo Chile es si este fue un caso aislado o la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda.
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