En un encendido discurso de casi dos horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado una ofensiva a gran escala contra el sistema de salud del país, acusando a las aseguradoras privadas (EPS) de corrupción sistémica y prometiendo «intervenirlo todo» si no se aprueban sus reformas.
La noche del martes marcó un punto de no retorno en la tensa relación entre el gobierno colombiano y el sector de la salud. El presidente Gustavo Petro, en una alocución nacional, lanzó su ataque más duro hasta la fecha, no solo contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), sino también contra la prensa y los órganos de control, preparando el terreno para lo que podría ser la transformación más radical del sistema en décadas.
Con un tono desafiante, Petro afirmó que los dueños de las aseguradoras estaban robando fondos públicos y que la Fiscalía no estaba investigando, sentando las bases de una crisis institucional de consecuencias impredecibles.
El detonante: Un informe que revela un sistema endeudado
La ofensiva presidencial fue impulsada por un reciente informe de la Contraloría General, que pintó un panorama desolador del sector. El documento reveló que las deudas de las EPS con clínicas y hospitales ascienden a 32.9 billones de pesos (aproximadamente 8.2 mil millones de dólares) y que solo 6 de 29 aseguradoras cumplen con las condiciones financieras para operar.
Este colapso financiero tiene un impacto directo en los ciudadanos: las tutelas (acciones legales para defender el derecho a la salud) aumentaron un 35% en 2024. Petro interpretó este informe como la prueba irrefutable de su tesis: la crisis no se debe a una falla del modelo, sino a la corrupción de los intermediarios.
La acusación de Petro: «El mayor desfalco de la nación»
El presidente utilizó cifras para respaldar su narrativa de un robo a gran escala. Según sus datos, la deuda de las EPS intervenidas por su gobierno creció solo un 3.7% en 2024, en contraste con un alarmante 101% de incremento en las no intervenidas. «¿Dónde está la fiscal que no está investigando?», reclamó Petro, apuntando directamente a la Fiscalía General.
Describió el sistema de intermediación financiera como «quizás el mayor desfalco de dinero de la Nación en toda su historia» y propuso una solución drástica: continuar y expandir las intervenciones estatales. «Si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley», sentenció.
Petro personalizó su ataque en el grupo español Keralty, propietario de la EPS Sanitas, calificando a su dueño como «un criminal» que «debe irse» del país, acusándolo de financiar a sus opositores políticos.
La feroz respuesta del sector: «Delirio» y «asfixia deliberada»
La reacción del sector salud fue inmediata y contundente. Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), calificó el discurso de «inconveniente y delirante», advirtiendo que solo agravará la crisis que ya sufren los pacientes con escasez de medicamentos y cierre de servicios.
Vesga presentó una narrativa diametralmente opuesta: la crisis no es por robo, sino por una «asfixia deliberada, metódica y sistemática» por parte del gobierno. Acusó al ejecutivo de desobedecer un fallo de la Corte Constitucional que ordenaba reajustar los fondos que el Estado transfiere a las EPS (la UPC), afirmando que el monto actual es insuficiente para cubrir los costos.
«Responder a cifras y datos errados y juicios infundados en nada contribuye a la solución. No haremos parte de ese debate», afirmó Ana María Vesga, presidenta de Acemi, anunciando que el sector se defenderá en los escenarios institucionales.
Por su parte, el grupo Keralty anunció que emprenderá acciones legales contra el presidente Petro y sus funcionarios en tribunales nacionales e internacionales, declarando que no permitirán que su nombre sea «mancillado con impunidad».
Una batalla de narrativas con la salud de millones en juego
El enfrentamiento ha quedado planteado en dos relatos irreconciliables:
- La narrativa del Gobierno: El dinero entregado a las EPS era suficiente, pero fue robado por empresarios corruptos. La solución es la intervención estatal total.
- La narrativa del Sector: El dinero fue deliberadamente insuficiente, causando un colapso inevitable. La solución es un financiamiento adecuado y respeto a las reglas institucionales.
En medio de esta guerra política, la salud de casi 50 millones de colombianos pende de un hilo. Con un sistema al borde del colapso, el último año del gobierno de Petro se perfila como una batalla campal que definirá el futuro del derecho a la salud en Colombia.
TE PODRÍA INTERESAR