La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) alertó sobre un grave deterioro de los derechos humanos en el país durante el segundo trimestre de 2025, destacando un incremento significativo en las restricciones impuestas a mujeres y niñas bajo el régimen talibán. Las medidas afectan la educación, el acceso al trabajo y la participación social femenina, además de reportes de violencia y represión contra exfuncionarios y activistas.

Restricciones educativas y laborales cada vez más severas

UNAMA denunció que las mujeres y niñas siguen excluidas de la educación más allá del sexto grado, y que el examen universitario realizado este año omitió la inclusión femenina. Asimismo, se intensificó la imposición del hiyab estricto, con mujeres en ciudades como Herat impedidas de acceder a mercados y transporte público sin un chador, prenda que cubre el cuerpo completamente.

Las limitaciones laborales se han agravado, ejemplificado por la exigencia de una “tarjeta mahram” para trabajadoras sanitarias en Kandahar, requisito que vincula el acceso al empleo a la autorización masculina. Además, se reporta la exclusión de mujeres de parques públicos y otros espacios sociales.

Violencia y represión continúan en aumento

El informe señala que la violencia de género persiste, con casos de matrimonios forzados documentados pese a la prohibición oficial desde 2021. En abril de 2025 se registraron ejecuciones públicas y castigos corporales, junto a detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de antiguos miembros de seguridad, a pesar de una amnistía vigente.

Las protestas contra la erradicación de cultivos de amapola en Badakhshan fueron reprimidas con violencia, dejando al menos ocho muertos y 22 heridos. La libertad de expresión también se mantiene fuertemente limitada, con censura a contenido político, redes sociales y eventos culturales, mientras medios vinculados a los talibanes califican a los defensores de derechos humanos como “enemigos del Islam”.

Acceso limitado a la justicia y purgas en instituciones

El representante especial de la ONU, Richard Bennett, informó que tras el regreso de los talibanes al poder en 2021, se suspendió la Constitución de 2004 y las leyes que protegían a mujeres y niñas, incluida una ley histórica que penalizaba 22 formas de violencia de género, como la violación y el matrimonio infantil.

Los talibanes destituyeron a todos los jueces del anterior gobierno, incluidas unas 270 mujeres, y los reemplazaron con hombres sin formación legal que dictan sentencias basadas en edictos religiosos extremistas. Asimismo, han asumido control total sobre las agencias policiales y de investigación, purgando sistemáticamente a quienes colaboraron con el régimen anterior.

Urgencia de atención internacional y denuncias constantes

Bennett destacó que exfuncionarios, activistas y periodistas, en especial mujeres retornadas, sufren arrestos arbitrarios y malos tratos, y pidió a la comunidad internacional detener deportaciones sin evaluaciones de riesgo.

Las denuncias sobre la represión a mujeres y niñas en Afganistán han sido constantes desde la llegada de los talibanes, quienes continúan restringiendo derechos fundamentales con un impacto profundo y preocupante para la sociedad afgana y la comunidad internacional.