El Supremo Tribunal Federal inicia proceso contra el «núcleo 3», acusado de conspirar para subvertir la democracia. Implicaciones para las relaciones Cívico-Militares.
En un proceso judicial de profundas implicaciones para la democracia brasileña, el Supremo Tribunal Federal (STF) comenzó esta semana las audiencias contra once oficiales de las Fuerzas Armadas y un agente de la policía federal. Estos individuos, agrupados bajo la denominación “Núcleo 3”, son acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber conspirado y planeado acciones tácticas dentro del fallido intento de golpe de Estado de 2022, que buscaba subvertir el orden democrático y los resultados electorales.
Los cargos que enfrentan son de extrema gravedad e incluyen:
- Pertenencia a organización criminal armada.
- Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho.
- Golpe de Estado.
- Actos de violencia con daño al patrimonio público.
Entre los acusados figuran militares de alto rango como los coroneles Bernardo Romão Correa Netto y Fabrício Moreira de Bastos, y los generales Esteban Teófilo y Nilton Diniz Rodrigues. Algunos de los implicados pertenecían a la unidad de fuerzas especiales del Ejército conocida como los «Boinas Negras» (Kids Pretos / Black Kids). La Primera Sala del STF, bajo la dirección del ministro Alexandre de Moraes, quien ha jugado un papel central en la investigación de los actos antidemocráticos, está a cargo del juicio.
Este juicio es una continuación de los procesos judiciales contra diversos grupos implicados en la intentona golpista, incluyendo el «Núcleo 1», que involucra al expresidente Jair Bolsonaro y otros siete individuos.
El Poder Judicial como garante de la Democracia
La decisión del STF de llevar a juicio a estos oficiales militares, algunos de muy alta graduación, subraya el papel crucial que el poder judicial está desempeñando como baluarte contra el retroceso democrático en Brasil. En un país con una historia marcada por periodos de autoritarismo militar, la acción contundente de la corte envía un mensaje claro de que no se tolerarán intentos de subvertir la Constitución desde dentro de las propias instituciones del Estado.
El ministro Moraes, al justificar la aceptación de las denuncias, citó pruebas que demostrarían que los acusados se movilizaron para apoyar la intentona golpista. Esto incluye reuniones específicas para presionar a comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sumaran al golpe, así como un inusual encuentro entre el General Theophilo y el entonces presidente Bolsonaro, ocurrido después de que el Comandante del Ejército se negara a apoyar la ruptura institucional. Estas acciones, según Moraes, no fueron «meras reuniones amistosas», sino «reuniones destinadas a derrocar la democracia».
Elementos antidemocráticos y la crisis de confianza
La presunta implicación de oficiales de alto rango y miembros de unidades de élite en una trama golpista revela la persistencia de elementos antidemocráticos dentro de sectores de las instituciones estatales brasileñas. Esto va más allá de la agitación política civil y apunta a una posible crisis de lealtad constitucional dentro de las fuerzas armadas.
La existencia de un «Núcleo 3» dedicado a «acciones tácticas» sugiere un nivel de planificación y organización que genera serias preocupaciones sobre la infiltración de ideologías autoritarias en el estamento militar. El hecho de que algunos de los acusados pertenecieran a las fuerzas especiales «Black Kids» es particularmente alarmante, dada la capacidad operativa de estas unidades.
Polarización política y el fantasma de la impunidad
El juicio se desarrolla en un contexto de intensa polarización política en Brasil. Los equipos de defensa de los acusados han negado las acusaciones y argumentado una supuesta falta de pruebas. Paralelamente, el expresidente Bolsonaro, también investigado, ha calificado los procesos en su contra como «persecución política».
Esta división profunda en la sociedad brasileña significa que, independientemente del veredicto, una parte de la población podría cuestionar su legitimidad. Fuentes de izquierda política han destacado que la intentona golpista fue impulsada por sectores de ultraderecha alineados con intereses que buscaban desestabilizar el proyecto democrático del presidente Lula da Silva. La discusión sobre posibles proyectos de amnistía para los implicados en los actos golpistas también indica los intentos de algunos sectores por diluir la rendición de cuentas.
El resultado de este juicio y los procesos conexos será determinante para el futuro de las relaciones cívico-militares en Brasil y para la consolidación de sus instituciones democráticas frente a amenazas internas. La lucha contra la impunidad y la defensa del Estado de derecho son percibidas por muchos como vitales para salvaguardar los avances democráticos del país.
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