La era de los alquileres turísticos sin control en España tiene los días contados. El Gobierno nacional ha cerrado un acuerdo histórico con Airbnb para forzar la eliminación de todos los anuncios sin licencia a partir de agosto de 2025. Esta medida nacional supone el espaldarazo definitivo para el plan radical de Barcelona de prohibir por completo los pisos turísticos para 2028.
Barcelona ha declarado la guerra total a los pisos turísticos, y ahora cuenta con el arma definitiva para ganarla. Un nuevo y decisivo acuerdo entre el Gobierno de España y la plataforma Airbnb cambiará para siempre el panorama del alquiler vacacional, no solo en la capital catalana, sino en todo el país. La medida busca atajar de raíz la proliferación de alojamientos ilegales, señalados como uno de los principales culpables de la crisis de vivienda que ahoga a los residentes locales.
El Mandato Nacional: Se Acabó el Juego para los Ilegales
A partir del 1 de agosto de 2025, Airbnb estará legalmente obligada a eliminar de su plataforma cualquier anuncio en España que no disponga de un Número de Registro de Alquiler (NRA) nacional válido. Los anfitriones tendrán un breve período de gracia de 10 días para regularizar su situación. En los casos en que una licencia sea revocada oficialmente, el anuncio deberá desaparecer en un plazo máximo de 48 horas.
Con este pacto, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en aplicar la nueva normativa comunitaria que exige un registro único para los alquileres de corta estancia, centralizando el control y dificultando el fraude.
La Magnitud del Problema: 1,1 Millones de Camas en el Limbo
La medida provocará un auténtico terremoto en el sector. Según datos de mediados de julio, un alarmante 87% de las propiedades de alquiler a corto plazo en España aún no habían completado el registro nacional. Esto significa que más de 1,1 millones de camas turísticas están en riesgo inminente de ser retiradas del mercado en plena temporada alta.
En Cataluña, la situación es aún más crítica: solo el 8% de los anuncios de Airbnb cumplían con el registro nacional a 15 de julio, a pesar de que más del 75% poseían licencias locales o autonómicas. Esta enorme discrepancia revela un panorama regulatorio caótico que la nueva ley pretende unificar de un plumazo, lo que augura un shock de oferta sin precedentes para el sector turístico este verano.
El Plan Final de Barcelona: De la Regulación a la Prohibición Total
Para Barcelona, este acuerdo nacional es la pieza que faltaba para ejecutar su plan final. El alcalde Jaume Collboni ya había anunciado que el ayuntamiento no renovará ninguna de las 10.101 licencias de apartamentos turísticos de la ciudad cuando estas expiren en noviembre de 2028. A partir de 2029, será ilegal alquilar una vivienda a turistas en Barcelona.
«Queremos devolver estos pisos al parque residencial y facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos de Barcelona», declaró el alcalde Collboni, enmarcando la medida como una lucha contra la gentrificación y la especulación.
Esta decisión es la culminación de años de conflicto, en los que el ayuntamiento ha luchado por controlar un fenómeno que, según los estudios, ha disparado los precios del alquiler. Investigaciones han demostrado una correlación directa entre la actividad de Airbnb y el aumento de los alquileres, con incrementos medios del 1.9% en toda la ciudad, que se disparan hasta el 7% e incluso el 13.4% en los barrios más turísticos.
Barcelona se ha convertido así en un laboratorio mundial para la «desplataformización» del mercado de la vivienda. La ciudad está apostando a que los beneficios sociales a largo plazo de recuperar miles de viviendas para sus ciudadanos superarán el impacto económico a corto plazo en su potente sector turístico. Otras ciudades del mundo que sufren la misma presión, como Lisboa, Florencia o Ámsterdam, observan atentamente. El éxito o el fracaso del «modelo Barcelona» podría marcar el futuro de la relación entre las grandes ciudades y las plataformas de la economía colaborativa.
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