La tensión política en Israel volvió a escalar este lunes. El Comité de Seguridad Nacional del Parlamento israelí aprobó un polémico proyecto de ley que busca aplicar la pena de muerte a palestinos condenados por asesinatos con motivaciones nacionalistas.
La propuesta, impulsada por el partido Poder Judío, del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, avanza hacia su primera lectura en la Knéset y cuenta con el respaldo directo del primer ministro Benjamin Netanyahu.
El contexto no podía ser más tenso: tras la reciente liberación de varios rehenes israelíes y el estancamiento en la entrega de los cuerpos de las víctimas de Hamás, la sociedad israelí vive entre la indignación, la exigencia de justicia y el temor a un nuevo ciclo de violencia.
“Una herramienta para combatir el terrorismo”
Durante la sesión parlamentaria, el coordinador de rehenes y desaparecidos, general de brigada Gal Hirsch, aseguró que la ley “es una herramienta para combatir el terrorismo y garantizar la liberación de rehenes”.
Sin embargo, asesores legales de la Knéset advirtieron que el proceso legislativo podría ser inválido, al no haberse consultado a todos los organismos de seguridad.
Pese a las objeciones, Ben Gvir se mantuvo firme:
“Cada terrorista que salga a asesinar debe saber que se le impondrá la pena de muerte. No habrá discrecionalidad judicial”.
El proyecto establece que la pena capital sea obligatoria para quienes cometan asesinatos por motivos racistas o nacionalistas, eliminando la posibilidad de que un tribunal reduzca la condena o conmute la sentencia.
Respaldo político y controversia internacional
La aprobación preliminar de la iniciativa llega en un contexto donde Netanyahu enfrenta presiones internas de su coalición de ultraderecha. Ben Gvir había amenazado con romper con el gobierno si el proyecto no se sometía a votación antes del 9 de noviembre.
Para el ministro, el objetivo es disuadir futuros ataques y enviar un mensaje de fuerza frente a Hamás. No obstante, organizaciones de derechos humanos y líderes internacionales han advertido que esta ley podría violar normas internacionales y agravar la violencia en Cisjordania y Gaza.
Hamás condena la medida: “muestra el rostro fascista de la ocupación”
El grupo Hamás reaccionó de inmediato, calificando la propuesta como una “muestra del rostro fascista de la ocupación sionista”.
Pidió la intervención de comités internacionales para inspeccionar las condiciones de los prisioneros palestinos y denunció que Israel mantiene a más de 10.000 detenidos, muchos sin información pública sobre su paradero.
Desde octubre de 2023, Israel ha intensificado las detenciones en Gaza y Cisjordania, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas con países árabes y europeos.
Un dilema entre justicia y derechos humanos
La propuesta de pena de muerte no solo enfrenta resistencia internacional, sino también un debate ético dentro de Israel.
Los críticos temen que se institucionalice una justicia desigual, aplicable solo a palestinos, mientras que israelíes acusados de crímenes similares quedarían exentos.Aunque la medida promete “proteger vidas israelíes”, los analistas advierten que podría incrementar los riesgos para los cautivos y alimentar la espiral de venganza en el conflicto.
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