La crisis política en Perú ha llegado a un punto de quiebre absurdo y peligroso: los máximos órganos del sistema de justicia están en guerra abierta, con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) amenazando con usar a la policía para imponer sus decisiones en la Fiscalía.
El sistema de justicia de Perú se encuentra en un estado de parálisis y conflicto abierto, una situación que un congresista ha calificado de «patética y bochornosa». La pugna por el control de la Fiscalía de la Nación ha escalado a un nivel sin precedentes, con dos de los pilares fundamentales del Estado de derecho amenazándose mutuamente con el uso de la fuerza pública.
El epicentro del conflicto es la situación de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Benavides fue apartada del cargo en medio de una investigación por presuntamente obstruir la justicia en el infame caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», una vasta red de corrupción integrada por jueces, fiscales y empresarios que traficaban con favores y sentencias.
El Choque de Poderes
La crisis explotó cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo encargado de nombrar y sancionar a jueces y fiscales, ordenó la restitución de Benavides en su cargo. Sin embargo, la fiscal de la Nación interina, Delia Espinoza, se ha negado a acatar la orden, argumentando que el proceso tiene vicios.
La respuesta de la JNJ ha sido una escalada sin precedentes. En un comunicado, el organismo anunció que iniciará un «procedimiento de ejecución forzosa» y no descartó solicitar el «apoyo de la fuerza pública» para hacer cumplir su resolución. En otras palabras, la JNJ está amenazando con enviar a la policía para desalojar a la actual cúpula fiscal y reinstalar a Benavides.
Esta amenaza representa una crisis constitucional de la más alta gravedad. No se trata de una diferencia de opiniones, sino de dos órganos clave del Estado en una guerra abierta, paralizando la administración de justicia y erosionando la confianza pública hasta casi extinguirla.
El Círculo Vicioso de la Crisis Crónica
Este enfrentamiento es el síntoma más agudo de lo que los analistas han denominado la «crisis política crónica» de Perú. El sistema está tan carcomido por la corrupción y la inestabilidad que ha comenzado a devorarse a sí mismo.
El enfrentamiento entre Delia Espinoza y Patricia Benavides es calificado por el congresista Eduardo Salhuana como una disputa «patética y bochornosa» que daña la institucionalidad del país.
El caso «Los Cuellos Blancos del Puerto» fue la enfermedad que expuso la podredumbre del sistema. La lucha por el control de la Fiscalía, protagonizada por una figura acusada de proteger a esa misma red de corrupción, es la fiebre que demuestra que la enfermedad está lejos de ser curada.
La imagen de policías teniendo que intervenir en una disputa entre los máximos responsables de impartir justicia en el país es un reflejo alarmante y tristemente fascinante de la autodestrucción institucional que vive Perú.
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