En una controvertida medida de «mano dura», la Asamblea de Ecuador aprobó una ley que permite juzgar a menores como adultos. La decisión, calificada de «regresiva» por UNICEF, enciende un feroz debate sobre seguridad y derechos humanos en un país acosado por la violencia.
En su lucha desesperada contra la violencia del crimen organizado, Ecuador ha tomado un camino drástico que ha encendido las alarmas de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. La Asamblea Nacional aprobó la «Ley de Integridad Pública», que, entre sus múltiples reformas, incluye una disposición explosiva: permitir que adolescentes sean juzgados como adultos por delitos graves.
La medida fue introducida a última hora en un proyecto de ley calificado como «económico urgente», una maniobra que sus opositores han denunciado como una «aberración legislativa» diseñada para evitar un debate profundo. El gobierno justifica la reforma como una herramienta necesaria para evitar que los jóvenes sean utilizados como «carne de cañón» por las pandillas.
Sin embargo, la reacción ha sido inmediata y contundente, planteando una pregunta fundamental: para detener a las pandillas, ¿está Ecuador dispuesto a sacrificar los derechos de sus niños?
El grito de alerta de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha sido una de las voces más críticas. En un comunicado, el organismo calificó la reforma como «regresiva» y advirtió que este tipo de medidas no han demostrado ser eficaces para combatir la inseguridad en otros países.
UNICEF sostiene que la ley contraviene directamente la Constitución de Ecuador y la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional ratificado por el país. Además, alerta que tratar a los menores como adultos en el sistema penal podría agravar la crisis carcelaria y dificultar su futura reintegración a la sociedad. La propia Comisión de Protección a la Niñez de la Asamblea ya había advertido previamente sobre estos riesgos.
UNICEF expresó su preocupación por la aprobación de la Ley de Integridad Pública, alertando sobre el impacto de «reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil» que afectan significativamente a los adolescentes.
El dilema regional de la «mano dura»
La aprobación de esta ley sitúa a Ecuador dentro de una creciente y preocupante tendencia regional. Presionados por niveles de violencia sin precedentes, a menudo perpetrados por las mismas bandas transnacionales, varios gobiernos latinoamericanos están adoptando políticas de seguridad de «mano dura» que emulan el polémico «modelo Bukele» de El Salvador.
Estas políticas, si bien pueden gozar de popularidad a corto plazo por ofrecer una sensación de orden, a menudo se implementan a costa de garantías legales y derechos humanos fundamentales. La decisión de Ecuador de erosionar las protecciones especiales del sistema de justicia juvenil es un claro ejemplo de esta dinámica.
El debate en Ecuador ya no es solo sobre cómo combatir el crimen, sino sobre qué tipo de sociedad se está construyendo en el proceso. La disyuntiva entre la seguridad pública y los derechos fundamentales, especialmente los de los más vulnerables, está en el centro de la discusión sobre el futuro del país y, por extensión, de una región que busca respuestas a una violencia que parece no tener fin.
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