Juan Grabois fue liberado tras su detención en el desalojo del Instituto Perón. Fuerte cruce con el gobierno de Milei. Descubre por qué te importa este conflicto
El dirigente social Juan Grabois fue liberado este domingo en Argentina tras ser detenido el sábado durante el desalojo del Instituto Perón, en un hecho que elevó la tensión política y generó duros cruces con el gobierno de Javier Milei.
La escena política argentina vivió horas de alta tensión este fin de semana tras la detención y posterior liberación del conocido dirigente social Juan Grabois, líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El arresto se produjo el sábado 7 de junio por la tarde, en el marco de la ocupación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón en Buenos Aires, y fue seguido por su liberación en la mañana del domingo 8 de junio, tras aproximadamente doce horas de detención. El episodio ha exacerbado las fricciones entre la oposición social y el gobierno del presidente Javier Milei.
La ocupación del Instituto Perón: protesta y desalojo
La ocupación del Instituto Perón, un lugar de alto valor simbólico para el peronismo y reconocido como patrimonio histórico nacional, fue la respuesta de Grabois y un centenar de manifestantes a la reciente decisión del gobierno de Milei de clausurar y disolver el centro de estudios, argumentando que representaba una «carga presupuestaria evitable e innecesaria». Los manifestantes ingresaron al edificio, que constituye la única parte que queda de la primera residencia de Juan Domingo Perón y Eva Perón, para protestar por su cierre y el despido de sus empleados, con la intención de permanecer indefinidamente.
Sin embargo, la ocupación duró pocas horas. Las fuerzas de seguridad procedieron al desalojo utilizando la fuerza y, según reportes, gases lacrimógenos. Grabois y sus seguidores denunciaron que la acción policial se llevó a cabo sin una orden judicial que la avalara.
Declaraciones cruzadas: «Borrar la historia» vs. «Se terminó el vale todo»
Tras su liberación, Juan Grabois, envuelto en una bandera argentina, ofreció una breve conferencia de prensa en la que acusó al gobierno de intentar «borrar la historia de una parte de nuestro pueblo». Denunció la presunta destrucción del archivo del Instituto y la colocación de un «sudario» sobre los bustos de Eva y Juan Perón, figuras icónicas del peronismo. «Métanme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacan», había publicado previamente en sus redes sociales, afirmando su intención de mantener una oposición activa al gobierno.
La respuesta del gobierno fue contundente. El jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rolle, confirmó que la orden de detención provino directamente del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La ministra Bullrich calificó el desalojo como un «éxito» a través de sus redes sociales: «Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo. Estamos haciendo lo que ningún Gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones». Bullrich advirtió además que «ni Grabois ni ningún kirchnerista tiene los privilegios que tuvo».
«Estamos haciendo lo que ningún Gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones.» – Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de Argentina.
El movimiento peronista, incluyendo el Partido Justicialista y sus principales líderes, condenó la detención, calificándola de ilegal por la presunta ausencia de orden judicial, y exigió la liberación inmediata de Grabois.
Implicaciones políticas en un contexto de ajuste
Este enfrentamiento se inscribe en un marco de creciente tensión social en Argentina, alimentada por las políticas de ajuste económico y los recortes en el gasto social implementados por el gobierno de Milei. La figura de Juan Grabois, quien en 2023 compitió por la candidatura presidencial peronista y se ha convertido en una de las voces más visibles que reclaman una renovación dentro del movimiento , se erige como un catalizador de la oposición.
La clausura del Instituto Perón por parte del gobierno no es vista por la oposición como una simple medida administrativa, sino como un acto con una profunda carga simbólica, un intento de reescribir o minimizar un capítulo importante de la historia argentina. La respuesta gubernamental, con la detención de Grabois y las declaraciones de la ministra Bullrich, sugiere una política de «mano dura» y «tolerancia cero» hacia ciertas formas de protesta social, lo que podría, por un lado, disuadir algunas movilizaciones, pero, por otro, radicalizar a sectores de la oposición y profundizar la confrontación.
La disputa, por tanto, trasciende la coyuntura económica y se adentra en el terreno de la memoria histórica y la legitimidad de las diferentes narrativas sobre el pasado argentino. La forma en que se resuelvan estos choques y la capacidad de los actores políticos para encauzar el descontento social serán cruciales para la gobernabilidad y la estabilidad del país en los próximos meses.
