El despliegue militar en Ecuador se convirtió en el primer gran mensaje del gobierno al comenzar 2026. Con más de 10 mil uniformados movilizados de forma simultánea en Guayas, Los Ríos y Manabí, el Estado decidió responder con fuerza al incremento acelerado de homicidios que ya supera las 70 muertes violentas en menos de 15 días.
Las imágenes de militares patrullando calles, custodiando carreteras y tomando posiciones estratégicas en zonas portuarias no tardaron en circular. Para muchos ecuatorianos, la escena no es nueva, pero sí más intensa. Desde hace un año estas provincias permanecen bajo estado de excepción, una medida que se ha normalizado en medio de la crisis de seguridad.
El gabinete de seguridad y la estrategia del gobierno
Mientras las tropas se desplegaban, el presidente Daniel Noboa encabezó una reunión de alto nivel en el Palacio de Carondelet. Durante más de dos horas, el gabinete de seguridad evaluó escenarios, amenazas y tácticas operativas tras el retorno del mandatario de su periodo vacacional.
Según información oficial, el país ha entrado en la fase denominada “ataque total”, liderada por el Bloque de Seguridad, una fuerza conjunta entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas creada tras la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024.
La consigna lanzada desde el Ejecutivo resume el tono de la ofensiva
La cárcel o el infierno para quienes atenten contra la seguridad de las familias ecuatorianas
Un contexto marcado por cifras históricas de violencia
El despliegue militar en Ecuador no ocurre en el vacío. Llega después de que 2025 fuera catalogado como el año más violento en la historia del país, con 9 mil 150 asesinatos registrados oficialmente. Esta cifra representa una tasa de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina.
A ello se suman más de 5 mil denuncias por secuestro y extorsión, la mayoría sin sentencias judiciales firmes, lo que refuerza la percepción de impunidad y debilidad institucional frente al crimen organizado.
Guayas, el epicentro de la ofensiva
El Alto Mando Militar se instaló en la provincia de Guayas, considerada el corazón logístico y operativo del crimen organizado. Desde ahí se coordinan las decisiones estratégicas y la respuesta inmediata ante amenazas activas.
Guayaquil, capital provincial, concentra los niveles más altos de violencia del país. Solo hasta noviembre del año pasado se registraron 2 mil 322 asesinatos, una cifra que explica por qué esta ciudad se ha convertido en prioridad absoluta para las fuerzas de seguridad.
A mitad de esta crisis, el despliegue militar en Ecuador busca recuperar control territorial y enviar un mensaje disuasivo a las organizaciones criminales.
Puertos bajo vigilancia y lucha contra el narcotráfico
Uno de los primeros movimientos visibles fue la realización de allanamientos simultáneos en los principales puertos de Guayaquil, Naportec y TPG. Estas instalaciones son consideradas puntos críticos para el tráfico internacional de drogas.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que las operaciones incluyeron
Control de zonas aledañas
Inspección de contenedores
Revisión de vehículos de carga
Uso de perros antidrogas
De acuerdo con informes de agencias internacionales, cerca del 70 por ciento de la droga que llega a Europa y Estados Unidos sale desde puertos ecuatorianos, frecuentemente camuflada en exportaciones legales como cajas de plátano.
Seguridad, política y presión internacional
El contexto del despliegue militar en Ecuador también tiene un componente político y diplomático. Investigaciones en Europa buscan identificar empresas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, entre ellas firmas exportadoras que han generado debate público y presión mediática.
Este escenario coloca al gobierno de Daniel Noboa bajo una doble exigencia
Resultados inmediatos en seguridad
Transparencia en las investigaciones
Un país en alerta permanente
Más allá de los operativos, el despliegue deja una sensación clara en la ciudadanía: Ecuador vive en alerta constante. La presencia militar ofrece una percepción temporal de control, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta estrategia a largo plazo.
El desafío no es solo contener la violencia, sino reconstruir instituciones, fortalecer la justicia y cerrar las rutas financieras del crimen organizado.
Al cierre de esta ofensiva inicial, el despliegue militar en Ecuador se consolida como uno de los movimientos de seguridad más contundentes de los últimos años y como un punto de inflexión que definirá el rumbo del país en 2026.
