Estados Unidos volvió a encender las alarmas internacionales tras destruir una lancha en el Pacífico, dejando un saldo de tres tripulantes muertos, en lo que su propio Comando Sur calificó como un ataque contra un “buque de una Organización Terrorista Designada”. Con este operativo, ya son 21 ataques realizados desde septiembre pasado, los cuales han dejado 83 muertes, elevando el debate sobre ejecuciones extrajudiciales, uso de fuerza fuera de conflicto armado y falta de supervisión internacional.

Un ataque más en la estrategia de “golpes preventivos” de Washington
El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó en X (antes Twitter) que la orden provino directamente del secretario de Guerra, Pete Hegseth, para ejecutar un “ataque letal” contra un buque supuestamente asociado a una organización terrorista. Según la versión estadounidense, la embarcación se encontraba en una “ruta conocida de narcotráfico” y transportaba estupefacientes.
Sin embargo, hasta ahora, no se han presentado pruebas verificables que confirmen la supuesta relación de los tripulantes con grupos terroristas ni con cargamentos ilícitos. Para organismos de derechos humanos, este vacío de información alimenta dudas sobre la legalidad de estas acciones.
Tres hombres muertos y una lancha destruida
El comunicado del Comando Sur asegura que los tres hombres fallecidos eran “narcoterroristas”, pero la falta de identificación de las víctimas, su nacionalidad y las circunstancias del ataque genera inquietudes. La descripción del operativo indica un ataque directo contra el buque, sin referencia a acciones de detención, advertencias previas o protocolos para captura, lo que sugiere un uso de fuerza letal sin intento de arresto.
Además, el hecho de que el operativo ocurriera en aguas internacionales del Pacífico Oriental plantea interrogantes sobre la jurisdicción y el marco legal que ampara el ataque.
Un patrón de acciones militares con saldo mortal
Desde septiembre del año pasado, Estados Unidos ha realizado 21 ataques tanto en el Caribe como en el Pacífico, los cuales han dejado 83 muertos, de acuerdo con datos recopilados por organizaciones latinoamericanas de monitoreo. Estos operativos se justifican bajo la política estadounidense de combatir:
- Narcotráfico marítimo
- Grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas
- Rutas de tráfico hacia Norteamérica
No obstante, expertos señalan que la designación unilateral de grupos como “terroristas” por parte de Estados Unidos puede ser usada como marco justificativo para acciones militares sin supervisión internacional, lo que abre la puerta a abusos.
Críticas y preocupaciones sobre posibles ejecuciones extrajudiciales
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho marítimo advierten que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, especialmente si no se demuestra que la embarcación representaba una amenaza inmediata.
Críticos también señalan:
- Falta de transparencia en la evidencia presentada.
- Ausencia de protocolos de captura y debido proceso.
- Acciones bélicas en zonas que no son teatros de guerra.
- Presunto uso excesivo de la fuerza militar.
Algunos analistas latinoamericanos comparan esta política con “operativos de guerra sin declaración de guerra”, donde se elimina físicamente a sospechosos sin proceso judicial.
Impacto geopolítico: tensión en el Pacífico y el Caribe
El aumento de ataques estadounidenses en aguas internacionales podría generar tensiones diplomáticas, especialmente con países cuya población o embarcaciones pudieran verse afectadas. Para naciones costeras del Pacífico —como Ecuador, Colombia, Panamá y México— estas acciones reviven debates sobre:
- Soberanía marítima
- Intervencionismo estadounidense
- Cooperación vs. militarización en la lucha antidrogas
En México, por ejemplo, expertos en seguridad advierten que este tipo de acciones puede normalizar una estrategia que coloca a Estados Unidos como autoridad en mares compartidos, sin consultar ni informar a los gobiernos de la región.
¿Hacia dónde apunta esta estrategia?
Con un patrón creciente de ataques letales y una narrativa centrada en “neutralizar amenazas”, la estrategia estadounidense parece orientarse hacia acciones preventivas basadas en inteligencia sin revelar, una tendencia que podría volverse más común bajo la doctrina de “narcoterrorismo”.
Sin claridad sobre los criterios que usa Estados Unidos para autorizar ataques, crece el riesgo de que se consolide una política que combina elementos de guerra contra las drogas y guerra contra el terrorismo, pero sin rendición de cuentas.

Un operativo de Estados Unidos que abre más preguntas que respuestas
El ataque contra la lancha en el Pacífico es el más reciente capítulo de una estrategia que ha dejado numerosas muertes sin que se presenten pruebas concluyentes. La falta de transparencia y el incremento del uso de fuerza letal en aguas internacionales plantean un debate urgente sobre derechos humanos, legalidad y límites del poder militar estadounidense.
Mientras Estados Unidos sostiene que actúa para frenar el narcotráfico, la comunidad internacional observa con creciente preocupación una política que, de no controlarse, podría sentar un peligroso precedente para la región.


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