Una investigación por traición sacude a Corea del Sur. El expresidente Yoon Suk-yeol es sospechoso de ordenar misiones secretas de drones sobre Corea del Norte para fabricar una crisis y justificar una declaración de ley marcial que le permitiera aferrarse al poder.
La tensión en la península de Corea ha escalado a un nuevo nivel, pero esta vez el epicentro no es una prueba de misiles, sino una crisis política interna que amenaza con redefinir los límites del poder. El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, se encuentra en el centro de una investigación por traición, acusado de orquestar una peligrosa trama para provocar un conflicto militar con Corea del Norte y así justificar la imposición de una ley marcial en diciembre de 2024.
La Fiscalía Especial de Corea del Sur ha lanzado una operación masiva, ejecutando redadas simultáneas en 24 ubicaciones clave, incluyendo el Ministerio de Defensa, el Comando de Operaciones de Drones (DOC), el Estado Mayor Conjunto y la Oficina de Seguridad Nacional. La investigación, que inicialmente se centraba en abuso de poder e insurrección, ha evolucionado hacia cargos mucho más graves que ponen en jaque la estabilidad democrática de una de las potencias asiáticas.
La Operación Secreta: ¿Qué Sucedió Exactamente?
Según los informes de la fiscalía y filtraciones a medios locales, la trama se habría desarrollado entre octubre y noviembre de 2024. Durante este periodo, se alega que unidades militares, bajo órdenes directas de la presidencia, llevaron a cabo más de 10 misiones encubiertas, enviando drones al espacio aéreo de Corea del Norte.
El objetivo no era meramente de reconocimiento. Algunas de estas aeronaves no tripuladas fueron presuntamente modificadas para transportar y lanzar panfletos con propaganda contra el régimen de Kim Jong-un sobre la capital, Pyongyang. Esta acción, deliberadamente provocadora, parecía diseñada para ser detectada y generar una respuesta militar norcoreana.
Los hechos coinciden con las denuncias que Pyongyang realizó en octubre de 2024, cuando afirmó haber recuperado un dron surcoreano estrellado que contenía dichos panfletos y emitió una severa advertencia sobre futuras incursiones. En su momento, el ejército del Sur negó la operación, pero la investigación actual sugiere que no solo ocurrió, sino que fue parte de un plan mayor.
Las Pruebas: Grabaciones, Testimonios y Encubrimiento
La fiscalía especial parece contar con un arsenal de pruebas que sustentan la acusación. Entre ellas, destaca una grabación de audio en la que un oficial militar de alto rango supuestamente afirma que «V» —el código utilizado internamente para referirse al presidente en asuntos de seguridad nacional— dio la orden directa de ejecutar la misión.
Además, han surgido testimonios de personal militar que se opuso a las misiones. Advirtieron del alto riesgo de que los drones se estrellaran debido a las contramedidas de interferencia de GPS de Corea del Norte, pero sus objeciones habrían sido ignoradas por el comandante de la unidad de drones, el General de División Kim Yong-dae, quien presuntamente siguió las órdenes superiores.
La investigación también apunta a un posible encubrimiento sistemático:
- Destrucción de evidencia: Se investiga un incendio en las instalaciones del Comando de Drones que, aunque fue calificado como una incineración rutinaria de documentos, ha levantado sospechas.
- Supresión de información: Se alega que el Comando de Contrainteligencia de Defensa conocía la operación y trató de suprimir o distorsionar los informes relacionados.
- Eliminación de registros: En marzo, el Comando de Operaciones de Drones habría emitido una orden interna para borrar los registros de vuelo de las aeronaves implicadas.
«Se nos ordenó preparar una misión con drones hacia Pyongyang entre octubre y noviembre, semanas antes de que se declarara la ley marcial.» – Testimonio atribuido a un oficial militar en la investigación.
De la Insurrección a la Traición: El Debate Legal y Político
El caso representa un terreno legal y político sin precedentes para Corea del Sur. Los fiscales han ampliado los cargos desde abuso de poder a «beneficiar al enemigo», un delito contemplado en el Código Penal que castiga acciones que socavan los intereses militares del país o proporcionan ventajas a un estado enemigo.
Sin embargo, la investigación ha generado un intenso debate. Críticos y analistas de defensa advierten que criminalizar operaciones militares encubiertas, incluso si son arriesgadas, podría sentar un precedente peligroso que paralizaría la capacidad de defensa del país.
«Si los ejercicios militares pueden ser considerados ilegales porque pueden provocar al Norte, entonces, por esa lógica, deberíamos detener todos los simulacros por completo», argumentó Yoon Hyeong-ho, profesor de estudios militares en la Universidad de Konyang.
La situación se complica por la actitud del propio expresidente. Yoon Suk-yeol se ha negado a cumplir con las citaciones para ser interrogado, atrincherándose en su celda de detención y desafiando la autoridad del fiscal especial.
Este escándalo no es solo una crisis interna; expone la alarmante fragilidad de la paz en una de las fronteras más militarizadas del mundo. Demuestra cómo las ambiciones políticas de un solo líder podrían poner en riesgo la seguridad regional, utilizando el aparato de defensa nacional como una herramienta para fines personales y llevando a dos naciones al borde de un conflicto que nadie, excepto quizás el instigador, deseaba.
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