En un acto que ha sido calificado por congresistas como una «cachetada a la pobreza», la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ahora enfrenta una denuncia penal tras aprobar un decreto que duplica su propio sueldo, desatando una ola de indignación nacional.
En medio de una persistente crisis política y económica, el Palacio de Gobierno de Perú se ha convertido en el epicentro de un nuevo escándalo que ha profundizado la ya enorme brecha entre la clase política y la ciudadanía. La presidenta Dina Boluarte y su gabinete ministerial han sido denunciados penalmente por aprobar un controvertido aumento de sueldo para la jefa de Estado, una medida que no solo ha sido vista como éticamente reprobable, sino también como potencialmente ilegal.
El Aumento de la Polémica: De S/15,600 a más de S/35,000
El decreto supremo en cuestión eleva la remuneración mensual de la presidenta de la República a la asombrosa cifra de 35,568 soles (aproximadamente 9,600 dólares). Para ponerlo en perspectiva, el nuevo salario de la mandataria equivale a más de 31 sueldos mínimos en Perú.
Si bien es cierto que el sueldo presidencial no había sido modificado en los últimos 14 años, un argumento que el gobierno podría esgrimir en su defensa, el momento y la forma del aumento han sido el detonante de la indignación popular. La medida se percibe como una muestra de total desconexión con la realidad de millones de peruanos que enfrentan dificultades económicas diarias.
La Denuncia Penal: ¿Un Acto Ilegal?
El escándalo ha escalado al ámbito judicial. El partido político Voces del Pueblo interpuso una denuncia penal contra Boluarte y sus 18 ministros, argumentando que el acto no solo es inmoral, sino ilegal. El núcleo de la acusación reside en una presunta violación del principio de jerarquía normativa.
«Se vulnera el principio de jerarquía normativa, al pretender que un decreto supremo –norma de menor jerarquía– derogue tácitamente una ley.» – Fragmento de la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Nación.
La denuncia sostiene que un decreto supremo no puede modificar lo establecido por una ley de la República, en este caso, la Ley N° 28212, que fija los topes a las remuneraciones de los altos funcionarios. Por ello, se les imputan los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La acusación se extiende a todo el Consejo de Ministros, ya que refrendaron un decreto que beneficia directamente a quien preside dicho consejo: la propia presidenta.
Un País Indignado: El Rechazo es Casi Unánime
La reacción de la opinión pública y la clase política opositora ha sido abrumadoramente negativa. Un sondeo nacional realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) previo al escándalo ya indicaba que un 94% de los peruanos se oponía a un aumento salarial para la presidenta.
Congresistas de diversas bancadas han calificado la medida como una «cachetada a la pobreza» y han presentado al menos ocho proyectos de ley para derogar el decreto. Este escándalo se suma a los ya bajísimos niveles de aprobación de la gestión presidencial, que según encuestas recientes alcanza un 85% de desaprobación, mientras que el rechazo al Congreso llega al 90%, evidenciando una crisis de representación sin precedentes.
El aumento de sueldo de Dina Boluarte es la crónica de una crisis de legitimidad anunciada. Más allá del debate legal sobre su validez, la medida ha cristalizado la percepción de una élite política ensimismada y desconectada de las urgencias del país. En un Perú que clama por soluciones a sus problemas estructurales, este acto ha profundizado la desconfianza y el hartazgo hacia sus gobernantes.
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