Dos proyectos clave para Cataluña, la ampliación del aeropuerto de El Prat y el traspaso de Rodalies, reavivan el debate: ¿es autonomía real o una cesión controlada desde Madrid? Analizamos la polémica.
La ampliación del aeropuerto de El Prat y el traspaso de la gestión de Rodalies son dos de los proyectos más cruciales y polémicos para el futuro de Cataluña. Sin embargo, ambos reabren la misma pregunta: ¿representan un avance real en autogobierno o la «sombra de Madrid» sigue controlando las decisiones estratégicas?
Dos infraestructuras críticas para el desarrollo económico y social de Cataluña, el aeropuerto de Barcelona-El Prat y la red de trenes de cercanías Rodalies, se encuentran en el centro de un intenso debate político. Más allá de los detalles técnicos, ambos proyectos se han convertido en un símbolo de la compleja relación entre Cataluña y el gobierno central, y de la lucha por una autonomía real frente a lo que muchos perciben como un control persistente desde Madrid.
La cuestión de fondo no es si las infraestructuras deben mejorar, sino quién ostenta el poder real sobre ellas.
El Prat: crecer, ¿pero bajo qué condiciones?
La necesidad de ampliar el aeropuerto de El Prat es defendida por sectores empresariales como una palanca indispensable para que Barcelona y Cataluña compitan en la escena global. El objetivo, argumentan, no es fomentar el turismo de masas, que ya existe, sino atraer vuelos intercontinentales que conecten la región con los grandes centros de negocios de Asia y América.
Sin embargo, la controversia reside en el «cómo» y el «quién». El gestor aeroportuario, Aena, es una empresa de mayoría estatal. Esto alimenta la sospecha en Cataluña de que, históricamente, el Estado siempre ha priorizado el aeropuerto de Madrid-Barajas como su principal hub. La percepción es que Aena nunca permitirá una expansión de El Prat que pueda hacerle sombra a la capital, limitando su potencial para no perjudicar los intereses de Madrid.
Rodalies: Un traspaso con letra pequeña
Una dinámica similar se observa en el traspaso de Rodalies, un servicio cuyo deficiente funcionamiento ha sido una fuente constante de frustración para los ciudadanos catalanes. Sobre el papel, el acuerdo representa una victoria para el autogobierno: la Generalitat, ahora presidida por el socialista Salvador Illa, asume la mayoría en el consejo de administración y la presidencia de la nueva empresa operadora.
No obstante, la «sombra de Madrid» aparece en la estructura de propiedad. El Estado se ha reservado la mayoría del accionariado de la nueva compañía. Esto significa que, aunque la gestión del día a día sea catalana, la última palabra en las decisiones estratégicas y la posibilidad de revertir el modelo recaen en la junta de accionistas, controlada por el gobierno central.
«El juguete no es nuestro. Los trenes, la infraestructura, la plantilla. Nada de eso nos pertenece del todo. Nos dejan jugar con ello, no sabemos desde cuándo ni hasta cuándo.» – Xavier Alegret, analista.
El debate de fondo: Soberanía vs infraestructura
En última instancia, estas no son discusiones sobre infraestructuras, sino sobre soberanía. Los detalles técnicos sobre pistas de aterrizaje o la frecuencia de los trenes son secundarios frente a la cuestión principal del poder y el control.
Para una parte significativa de la sociedad y la clase política catalana, estos proyectos son un reflejo de su estatus político. La sensación de que se les concede la gestión de los problemas (como el día a día de Rodalies) pero se les niega el control sobre las palancas estratégicas (la propiedad de la empresa o el plan director de Aena) alimenta una narrativa de agravio y de autonomía limitada. Es un debate sobre identidad y poder que se libra en el terreno de la obra pública.
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