La tensión en Ecuador alcanzó un nuevo nivel cuando Bernat-Lautaro Bidegain, periodista español que cubría las protestas indígenas, fue expulsado del país. Su labor consistía en documentar las manifestaciones contra el aumento del precio del diésel, un tema que ha desatado movilizaciones masivas en varias provincias.
Las protestas, lideradas por comunidades indígenas, buscan presionar al gobierno de Daniel Noboa y detener la subida de precios que afecta principalmente a sectores rurales. La cobertura del periodista incluyó el sepelio de un manifestante muerto por impactos de bala en Imbabura, uno de los focos más violentos de la crisis.
Detención y proceso de deportación
El pasado domingo, Bidegain fue detenido por autoridades ecuatorianas en lo que organizaciones de derechos humanos califican como un proceso irregular, con violaciones al debido proceso. Según declaraciones oficiales, se consideró que su presencia representaba una «amenaza» para la seguridad del país, aunque los informes que motivaron la deportación permanecen privados.
El periodista fue trasladado primero a Bogotá y luego a España, mientras que su detención provocó denuncias de censura y restricciones a la libertad de prensa.
Impacto en la libertad de prensa y derechos humanos
Organizaciones internacionales señalaron que la deportación afecta directamente la cobertura informativa de conflictos sociales y constituye un retroceso en los estándares de transparencia y libertad de prensa en Ecuador. La comunidad internacional alerta sobre la importancia de permitir a periodistas documentar hechos de interés público sin represalias.
El caso de Bidegain recuerda situaciones anteriores: en mayo, Panamá también negó su ingreso durante manifestaciones contra el presidente José Raúl Mulino, evidenciando un patrón de restricciones a periodistas que cubren protestas en América Latina.
Contexto de las protestas indígenas
El presidente Noboa declaró estado de excepción en 10 de las 24 provincias ante la radicalización de las protestas, que incluyen bloqueos de carreteras y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Hasta la fecha, se reportan más de 150 heridos y un centenar de detenidos, entre civiles, policías y militares.
El conflicto refleja una profunda tensión entre comunidades indígenas y el gobierno sobre políticas económicas y sociales, y pone en evidencia la necesidad de mecanismos de diálogo que eviten la escalada de violencia y respeten los derechos humanos.
